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Manuel Alcaraz, conseller de Transparencia

«Los problemas de los empresarios deben resolverlos los propios empresarios»

El conseller de Transparencia asegura que la Generalitat «se ha limitado a cumplir la ley» al denunciar a Coepa por fraude en subvenciones e insta a los patronos alicantinos a decidir sobre el futuro de la patronal

Manuel Alcaraz durante una entrevista HÉCTOR FUENTES

«En otra época, con el PP, hubiera llegado el conseller y hubiera dicho "esto lo arreglo yo". Pero los tiempos han cambiado y los problemas de los empresarios alicantinos deben resolverlos los propios empresarios». Así de contundente se mostró ayer el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, sobre la crisis que vive la patronal alicantina Coepa, prácticamente condenada a la desaparición por la situación concursal que atraviesa y por la denuncia que el Servef ha presentado en su contra por un supuesto fraude en subvenciones públicas.

Una actuación, la de llevar a Coepa ante los tribunales, que Alcaraz justifica «porque estamos hablando de la distracción de dinero de todos los alicantinos». En concreto, el Servicio Valenciano de Empleo asegura en su denuncia desconocer el destino de más de dos millones de euros de las subvenciones concedidas a la patronal para la construcción de su centro de oficios, además de haber detectado la utilización por duplicado de las mismas facturas para disponer de estas ayudas y, al mismo tiempo, de los fondos del crédito que también le concedió el Instituto Valenciano de Finanzas.

«La Generalitat se ha limitado a cumplir la ley, como debe hacer cualquier ciudadano ante los indicios de delito que existían», insistió el político nacionalista, que ha ejercido de intermediario en varias ocasiones entre los dirigentes de la patronal provincial y el ejecutivo autonómico, como él mismo se encargó de recordar. En cualquier caso, a su juicio, la existencia de estas supuestas irregularidades también ponen de manifiesto «la dejación de funciones del anterior Gobierno».

Dación en pago ilegal

En la misma línea, el conseller de Transparencia insistió en que la Generalitat «no podía aceptar la dación en pago del centro de oficios» para cancelar el crédito hipotecario concedido por el IVF «porque hubiera sido ilegal», y que la obligación de este organismo es «recuperar el máximo dinero posible». Por eso mismo, señaló que el Gobierno valenciano no puede destinar dinero para salvar a ninguna organización empresarial.

En cuanto al futuro de Coepa, Manuel Alcaraz señaló que «son los empresarios alicantinos los que deben ponerse de acuerdo sobre qué quieren hacer», si salvar la patronal o crear una nueva confederación e, incluso, rechazó pronunciarse sobre si la provincia necesita una organización empresarial propia o si prefiere una única patronal autonómica. «No podemos intervenir en este tipo de cosas», señaló frente a la opinión expresada ayer en este mismo diario por los representantes de los principales partidos de la provincia, que abogan porque el empresariado alicantino mantenga su propia representación, diferenciada de la autonómica. No obstante, sí instó a los patronos a que dejen de jugar la baza del enfrentamiento con Valencia para justificarse.

Una «casualidad»

El titular de Transparencia recalcó que, desde el Consell, se han mantenido en los últimos meses numerosas reuniones con los representantes de las distintas patronales alicantinas y reconoció que fue un «error de protocolo» que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no recibiera antes al presidente en funciones de Coepa, Francisco Gómez. Igualmente calificó de «simple casualidad» que finalmente le recibiera el pasado 3 de agosto, sólo un día antes de que el Servef presentara su denuncia ante el juzgado de guardia.

Por último, Alcaraz brindó «todo el apoyo del Consell» a los empresarios alicantinos para ayudarles en lo que decidan, aunque sin especificar en qué consiste este apoyo. En cualquier caso, recordó que la Generalitat «desea interlocutores fuertes» con los que colaborar en la definición de sus políticas económicas.

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