El presidente en funciones de Coepa, Francisco Gómez, ha asegurado que "nadie se ha llevado dos millones ni ha cobrado dos veces por el mismo trabajo" con la construcción del centro de oficios de la patronal. Es más, ha señalado que la construcción del edificio supuso un desembolso de más de 6,8 millones y que "los tenemos justificados". Gómez ha respondido así al ser cuestionado por la denuncia presentada por el Servef contra la organización por un supuesto fraude en subvenciones y por apropiación indebida y de la que, según ha dicho, todavía no tienen ninguna notificación del juzgado.
En concreto, el Servef denuncia que Coepa recibió hasta 6,8 millones de la Generalitat -3,8 en subvenciones y otros 3 millones de un crédito del Instituto Valenciano de Estadística- y sólo ha presentado facturas para justificar trabajos por 4,7 millones, por lo que "se desconoce" el destino de más de dos millones de euros. Además, señala que se han utilizado por duplicado las mismas facturas para justificar la disposición de fondos del crédito y las subvenciones.
Durante la presentación del plan de viabilidad que la patronal ha presentado esta mañana en el juzgado, el secretario general de Coepa, José Ramón Lillo, ha señalado que todo se debe a un error de concepto por parte de la administración, "que ha sumado, por un lado, todas las subvenciones recibidas pero sólo ha tenido en cuenta las facturas de una de las empresas que participó en la construcción del inmueble, CHM". Así, no ha contabilizado el resto de gastos que se contrataron con una treintena de firmas.
Igualmente, Lillo ha señalado que "en ningún caso se han duplicado facturas. Son las mismas que se han utilizado en dos expedientes diferentes, el de un crédito y el de unas subvenciones", lo que, según ha explicado, no supone "ninguna irregularidad". Por eso, desde la patronal confían en que la denuncia no prospere pero, en cualquier caso, Francisco Gómez ha dejado claro que "si alguien hizo algo, que lo pague".
Plan de pagos
Por otra parte, Gómez y el tesorero de Coepa, Antonio Galvañ, han presentado la propuesta de convenio y el plan de viabilidad que esta mañana han presentado en el juzgado para superar el concurso de acreedores. Un documento que propone una quita del 95% para los acreedores ordinarios, que el IVF se quede con el centro de oficios y le libere de la hipoteca, y un plan de pagos a ocho años de la deuda que quede pendiente, que cifró en algo más de un millón de euros. Ahora serán los acreedores y el juez los que deban decidir si aceptan la propuesta. Para ello la junta de acreedores se celebrará el próximo 11 de noviembre.
