Los representantes en la provincia de los principales partidos políticos y de los dos mayores sindicatos reclamaron ayer que la Justicia aclare cuanto antes las supuestas irregularidades cometidas por Coepa durante la construcción de su centro de oficios, pero también coincidieron en la necesidad de que, de una forma u otra, Alicante siga contando con una patronal propia, que facilite el diálogo social y contribuya dinamizar la economía de la zona. Y es que la denuncia presentada por el Servef por un supuesto fraude en subvenciones podría suponer la puntilla para la organización presidida por Francisco Gómez, que ya tiene muy difícil superar el concurso de acreedores aún sin la obligación de devolver estas ayudas, lo que dejaría al empresariado alicantino sin una representación única por primera vez desde la llegada de la democracia.
La desaparición de Coepa supondrá, además, importantes implicaciones prácticas, como señala la secretaria territorial de UGT en l'Alacantí-La Marina, Yaissel Sánchez, que alerta de los problemas que pueden darse a la hora de renovar determinados convenios para los que no existe una patronal sectorial, como pueden ser el de oficinas y despachos, el de almacenes de madera o el de la industria vitivinícola. «Creemos que la Justicia debe actuar cuanto antes y depurar responsabilidades pero, más allá de eso, nos preocupa quedarnos sin interlocutor», asegura Sánchez que reconoce no saber cómo se resolverá este problema. Además, considera que Alicante tiene situaciones específicas, como su gran volumen de economía sumergida, que exigen que se mantenga un ámbito de diálogo provincial frente a la posibilidad de que quede una única patronal autonómica.
En la misma línea, la secretaria general de CC OO en l'Alacantí-les Marines, Consuelo Navarro, también recuerda que Coepa participaba hasta ahora en la negociación de numerosos convenios provinciales y que, «cuanto más cercanos sean los interlocutores a los problemas, más facilidades habrá para resolverlos». Eso sí, también deja claro su «respeto a los procesos internos de cada organización» y cree que son los empresarios quienes deben decidir cómo organizarse si desaparece Coepa.
Desde el ámbito político, los dos partidos que hoy gobiernan en la Generalitat, PSPV y Compromís, también consideran necesario que los tribunales aclaren cuanto antes si se cometió algún delito durante la construcción del centro de oficios. Al respecto, los nacionalistas no creen que sea casual que todas las facturas duplicadas que detectó el Consell pertenezcan a la constructora de Rafael Martínez Berna, «un empresario imputado por financiar ilegalmente al PP», según recuerda la diputada nacionalista Mireia Mollà.
Más allá de eso, Mollà también considera que la provincia debe mantener su propia representación empresarial aunque, eso sí, cree que Coepa lleva «demasiado peso en la mochila» para seguir siendo ese portavoz «aunque son ellos los que deben decidirlo».
Más claro fue el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, que reiteró su petición para que Coepa se disuelva y se forme una nueva confederación «fuerte y unida». Sin entrar en estos detalles, el secretario provincial de PSOE, David Cerdán, también abogó porque Alicante mantenga una patronal «con personalidad jurídica propia» más allá de la autonómica «para defender sus intereses» y pidió al Consell que facilite su existencia. Además, también reclamó «que se le dé una utilidad al centro de oficios para aprovechar una instalación que ya está pagada».
Miedo al Consell
Por su parte, el vicesecretario de Economia del PP en Alicante, Juan de Dios Navarro, también reclamó que «el que la haya hecho, que la pague», eso sí, sin olvidar «la presunción de inocencia de los posibles investigados». Desde esta formación también defienden la necesidad de que exista una patronal provincial -con independencia de que sea Coepa o una nueva- y lamentan los desencuentros que se han producido entre la Generalitat y los empresarios alicantinos. Es más, asegura que en la provincia «no hay una crisis de liderazgo empresarial, el problema es que los empresarios están asustados porque la política del Consell es "o estás conmigo o atente a las consecuencias", lo que no general confianza».
