A pesar de tenerlo todo en contra, los responsables de Coepa siguen sin tirar la toalla. El comité ejecutivo de la patronal alicantina decidió ignorar la noticia sobre la querella penal presentada por el Servef por un supuesto fraude en subvención pública y, siguiendo con el guión que tenía previsto, aprobó ayer la propuesta de convenio que presentará a sus acreedores para salir de la situación concursal en que se encuentra. Un plan que debe registrar en el juzgado como muy tarde el próximo jueves y que pasa, básicamente, porque la patronal autonómica Cierval -el mayor acreedor ordinario de Coepa- acepte una quita del 95% en su deuda, tal y como ya avanzó este diario.

Más allá de eso, los empresarios también confían en llegar a un acuerdo con el Fogasa para que le permita pagar las indemnizaciones de los trabajadores despedidos en un plazo de 10 años, y esperan que la deuda que les quede con el IVF, una vez que éste ejecute la hipoteca del centro de oficios, sea manejable.

Sobre la querella, el presidente en funciones de Coepa, Francisco Gómez, rechazó entrar a valorar los detalles concretos «porque no tenemos notificación de la misma y desconocemos sus términos». Eso sí, Gómez no cree que sea casual la divulgación en este momento de la denuncia, a sólo tres días de finalizar el plazo para presentar la propuesta de convenio. «Cada vez que vemos que es posible dar viabilidad a Coepa sale una noticia de este tipo», señaló el empresario. «Está claro que en Valencia hay alguien que quiere liquidarnos, que no quiere que continúe Coepa, pero nosotros vamos a seguir trabajando porque queremos que las empresas de la provincia tengan voz propia», insistió.

Al respecto, consideró muy «irregular» que el Servef haya presentado una querella penal «cuando aún no se ha cerrado el proceso administrativo que existía por estos mismos hechos para reclamar la devolución de las subvenciones». Así, Gómez recordó que aún no han respondido a las alegaciones que presentaron a principios de agosto contra el expediente de reintegro de las ayudas, en el que ya se apuntaba la existencia de facturas duplicadas.

En dichas alegaciones, la patronal afirmaba que nunca se había cobrado por partida doble y que todas las subvenciones del Servef y todo el dinero que el Instituto Valenciano de Finanzas prestó a Coepa se destinaron a la construcción y funcionamiento del centro de oficios, aunque en ocasiones se utilizaran las mismas facturas para justificar la recepción de las ayudas y la disposición de fondos del préstamo.

Una duplicidad que, según la patronal, se producía, precisamente, por la exigencia del Servicio Valenciano de Empleo de que los trabajos subvencionados estuvieran pagados previamente con los fondos de que dispusiera el beneficiario, en este caso, el citado préstamo del IVF. No obstante, según los empresarios, una vez que se recibía la subvención, el dinero se destinaba a devolver parte del crédito utilizado y a continuar con los trabajos de construcción del edificio aún pendientes.