Si los empresarios alicantinos lo tenían muy difícil para salvar a Coepa, la denuncia que ha presentado el Servef contra la organización lo ha convertido en misión casi imposible. El organismo público acusa a Coepa nada menos que de fraude en subvenciones, falsedad documental, estafa, apropiación indebida e insolvencia punible por la gestión que realizó de las ayudas públicas recibidas para la construcción de su centro de oficios, un proyecto que se ha convertido en la condena de la confederación empresarial, fundada en 1978.
Entre otras cosas, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación asegura que la patronal quebrantó la ley al recibir dos ayudas distintas para la misma finalidad -las subvenciones otorgadas por el Servef y la Dirección General de Trabajo, por un lado, y el crédito concedido por el Instituto Valenciano de Finanzas, por el otro-, pero, además, denuncia que utilizó por duplicado las mismas facturas para justificar la disposición de fondos de uno y otro lado; y lo que es peor, que los albaranes aportados no cubren la totalidad de todo el dinero recibido.
En concreto, señala la querella, Coepa recibió 6,8 millones de euros de la Administración valenciana -hasta 3,8 millones en subvenciones y otros tres millones en forma de crédito del IVF- pero las facturas aportadas sólo suman 4,77 millones. Es decir, que existen dos millones de euros «cuyo destino se desconoce», según el texto de la denuncia.
Comité ejecutivo
Como es lógico la noticia de la denuncia cayó como una bomba en el comité ejecutivo de la patronal, que ayer se reunió para aprobar la propuesta de convenio con la que pretende salvar el concurso de acreedores en el que se encuentra inmersa la organización. Una salvación que resultará imposible si, como consecuencia de esta querella, Coepa se ve obligada a devolver los 3,8 millones de euros en subvenciones cobrados de forma supuestamente fraudulenta, a los que habría que añadir la correspondiente sanción, además de las condenas penales que podrían sufrir los mandatarios que dirigieron la patronal durante los años en cuestión.
A pesar de todo, Coepa decidió seguir con sus planes con el argumento de que aún no ha recibido ninguna notificación de la denuncia y que mientras que no haya una sentencia firme no está obligada a incluir esa cantidad entre sus deudas.
El origen de la querella está en el escrito que en noviembre del año pasado presentó Cepyme Alicante ante el propio Servef, en el que denunciaba que Coepa había incumplido las condiciones para el cobro de estas ayudas. En concreto, la que exigía mantener la finalidad del edificio durante un periodo mínimo de diez años cuando, según dicho documento, llevaba sin actividad desde 2012.
El organismo público encargó un informe a sus servicios territoriales en Alicante y en marzo decidió iniciar un expediente de reintegro de las ayudas por importe de 1,9 millones, que aún no se ha resuelto. Al mismo tiempo, el Servef y la Dirección General de Trabajo decidieron cruzar datos con el Instituto Valenciano de Finanzas, con lo que descubrieron que la patronal había utilizado las mismas facturas por duplicado para el cobro de las ayudas y para la disposición de fondos del crédito, y decidieron elevar consultas a la Intervención de la Generalitat para saber si podía ser constitutivo de delito y, por tanto, había que llevar el asunto ante la Fiscalía.
Sin embargo, al ver que transcurría el tiempo sin que la Intervención emitiese su dictamen, y ante la posibilidad que la reclamación del Servef pudiera quedar fuera del concurso de acreedores de la patronal -lo que haría imposible recuperar el dinero-, la entonces secretaria autonómica de Economía, María José Mira, decidió presentar la querella en el juzgado denunciando las irregularidades detectadas. No deja de llamar la atención que la denuncia se registró el 4 de agosto -aunque no había trascendido hasta ayer- sólo un día después de que el jefe del Consell, Ximo Puig, recibiera al presidente en funciones de Coepa, Francisco Gómez, en el Palau de la Generalitat.
Crédito sin pagar
Para los servicios jurídicos del Servef ya supone una infracción queCoepa haya recibido al mismo tiempo y con la misma finalidad ayudas de la Administración -1,9 millones del Servef, 103.000 euros del Sepiva y 1,8 millones de la Dirección de Trabajo- y un crédito del IVF por importe de tres millones de euros. Pero este hecho no pasaría de ser una infracción administrativa, si no fuera por el resto de supuestas irregularidades.
La primera, la utilización por duplicado de las mismas facturas, todas ellas emitidas por CHM, la constructora del que fuera presidente de la patronal Rafael Martínez Berna, también imputado en el caso Gürtel. Esta duplicidad «hace dudar de su veracidad», según la querella, lo que apuntaría a un delito de falsedad documental.
Pero, además, el Servef considera que los hechos adquieren «mayor repercusión» si se tiene en cuenta que las subvenciones, de un total de 3,8 millones, no se utilizaron para cancelar el préstamo, que suma unos tres millones y que sigue pendiente de pago. En este sentido, señala que la suma de los fondos totales recibidos, de 6,8 millones, supera a los 4,77 millones que se justificaron en total mediante facturas. Lo que lleva al Servef a concluir que más de dos millones de euros fueron destinados a fines distintos al propósito para el que fueron otorgados.
Igualmente, recuerda que Coepa se declaró en concurso cuando el IVF le reclamó el pago del crédito, lo que «frusta» las posibilidad de que el banco y el resto de organismos públicos recuperen los fondos, por lo que acusa a la patronal de insolvencia punible.
