¿Qué sentido tiene mantener miles de metros cuadrados de terreno reservados para la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO o VPP, como se las denomina técnicamente) si la Administración ya no ofrece subvenciones para su compra y no tiene presupuesto para desarrollar sus propias promociones públicas? Ése es el debate que quieren plantear los promotores alicantinos, que consideran un «sin sentido» la existencia de cientos de solares prácticamente abandonados por toda la provincia y sin ningún tipo de perspectiva de que se construya nada en ellos, al menos, en el medio plazo.
Por eso, desde Provia lo que proponen es que se permita liberar esas reservas de suelo para que se pueda edificar en ellas viviendas libres a cambio, eso sí, de pagar una compensación a las administraciones. Éstas, a su vez, podrían utilizar esos nuevos recursos «para el desarrollo de promociones públicas o para aumentar el parque de pisos de alquiler subvencionado», según explica su presidente, Antonio Fernández. Es más, también proponen que los propios ayuntamientos se desprendan de parte de las parcelas de titularidad pública que poseen con el mismo objetivo de conseguir más dinero para las políticas públicas de vivienda.
Con esta propuesta -que los empresarios todavía no han planteado oficialmente al Consell, a la espera de tenerla definitivamente perfilada- Fernández cree que se solucionarían dos problemas al mismo tiempo. Por un lado, se daría salida a cientos de parcelas que ahora permanecen en desuso y que, a su juicio, suponen «recursos económicos improductivos» y con «un alto coste económico y social», según afirma la documentación interna que maneja la patronal para elaborar su planteamiento.
Pero, al mismo tiempo, también serviría, en su opinión, para paliar la actual falta de alternativas para los jóvenes que buscan su primer acceso a la vivienda y que se han quedado casi sin opciones por la falta de presupuesto de las administraciones para ofrecerles ayudas. Y es que una de las consecuencias de la crisis ha sido la práctica desaparición del modelo tradicional de VPO, con subvenciones a fondo perdido para la entrada de los pisos o la subsidiación de las cuotas de la hipoteca. Unas medidas que se suprimieron con la entrada en vigor del Plan de Vivienda de 2013 y que, en teoría, debían sustituirse por un mayor apoyo al alquiler, una alternativa que no ha cuajado por falta de fondos y de un parque público de pisos suficiente y adecuado.
Caída en picado
El resultado del cambio de modelo ha sido la paralización de la construcción de VPO. Así, según los datos del Ministerio de Fomento, en la provincia se ha pasado de las 2.540 calificaciones provisionales de viviendas protegidas del año 2008 a ninguna en el primer trimestre de este año, y eso a pesar de la recuperación que empieza a vivir el sector promotor. Entre otras cosas, porque a nadie le interesa embarcarse en la compra de un piso de estas características con todos sus inconvenientes -por ejemplo, la imposibilidad de venderlo en un periodo de diez años-, sin las ventajas que antes tenía y con un precio que difiere poco de los que oferta el mercado libre. En concreto, según datos de Fomento, el metro cuadrado de VPO en la provincia se paga a 1.111 euros frente a los 1.224 euros de los pisos sin esta calificación.
Y lo peor es que nadie puede esperar que se vuelva a la situación anterior, al menos mientras el Gobierno central y la Generalitat no logren sanear sus cuentas. La propia Provia reconoce que era un sistema que exigía muchos recursos públicos. No en vano, cada beneficiario del Plan de Vivienda 2005-2008 -y fueron cerca de 13.000- recibió una media de 18.040 euros de subvención a fondo perdido para comprar su piso, además de una ayuda para pagar la letra mensual que podía alcanzar el 25% de la misma. En el siguiente plan, el que comprendía los años de 2009 a 2012, la media fue de 17.378 euros, igualmente elevada.
VPO en campos de golf
El problema ahora es qué hacer con todo el suelo que la ley obligó a reservar para la construcción de viviendas subvencionadas y que se multiplicó exponencialmente durante los años del «boom» inmobiliario con cada aprobación de un nuevo plan parcial. No hay que olvidar que, aparte de lo que exigía la normativa, en muchas ocasiones se utilizó el argumento de la construcción de VPO para justificar la recalificación de millones de metros cuadrados. El mejor ejemplo es el fracasado Plan Rabasa de Alicante, donde se esperaban construir 13.500 viviendas de las que 8.000 se prometieron que serían protegidas.
De esta misma forma, hay parcelas reservadas para VPO en urbanizaciones costeras de lujo o en medio de campos de golf que, lógicamente, permanecen sin construir. «Está claro que se hicieron muchas barbaridades», señala el presidente de Provia que, no obstante, critica no se tuviera en cuenta la realidad de cada zona. Sobre todo en las áreas turísticas, «donde no existe demanda suficiente de primera residencia pero se sigue obligando a reservar suelo en zonas que son claramente para segunda residencia».
Y ponen el caso del Plan Parcial de La Hoya de Torrevieja, en primera línea de playa, que contempla espacio para construir nada menos que 2.000 viviendas protegidas «que la población local residente nunca va a demandar». Calculan que en toda la Comunidad Valenciana hay suelo sin desarrollar de estas características suficiente para levantar «decenas de miles» de pisos.
Oferta durante 6 meses
Tampoco hay que olvidar que la mayor parte de este suelo está ahora en manos de empresarios que no pueden hacer nada con él, por lo que plantean que se pueda liberar para construir vivienda libre. Los promotores están dispuestos a pagar una compensación por este cambio de uso y, además, la propuesta de Provia también incluye que, cuando se vaya a hacer una promoción en estos terrenos, se haga pública una oferta de venta durante seis meses a un precio limitado y dirigida a los compradores que cumplan los requisitos para beneficiarse de una VPO. Una vez transcurrido ese plazo, las casas que no hubieran sido adquiridas podrían venderse libremente.
Ahora falta por ver la acogida que tendrá la propuesta entre la Generalitat y los ayuntamientos, que tendrían que realizar los cambios legislativos necesarios para ponerla en marcha.
