Los exconsejeros de Bancaja Josefa Martín, José María Catalunya, Eduardo Montesinos y Vicente Montesinos coincidieron ayer ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que de las operaciones con los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó se les informaba 48 horas antes de los consejos en los que se aprobaban y que siempre venían con un informe del comité de riesgos: si éste era favorable, nadie dudaba en votar a favor.

Con estos cuatro exconsejeros arrancaron ayer unas comparecencias que se prolongarán hasta el jueves y que hoy continúan con el expresidente del Banco de Valencia Antonio Tirado y con el expresidente de Cierval Rafael Ferrando, entre otros.

Lamela ha citado a declarar como investigados (antes imputados) a 23 exconsejeros de Bancaja por la concesión de préstamos supuestamente irregulares a Ferri y Baldó para sus negocios en el Caribe, el conocido como proyecto Grand Coral. La juez aprecia «indicios de responsabilidad criminal como cooperadores» en los delitos de apropiación indebida y administración desleal puesto que todos votaron a favor en los consejos de administración de diciembre de 2006, octubre de 2007 y diciembre de 2009 que aprobaron las operaciones inmobiliarias en México. El proyecto Grand Coral incluía las operaciones Emerald, la compra de las fincas Zacaton y Piedras Bolas, en Baja California, y Vinoramas en la Riviera Maya. Todas financiadas por Bancaja y el Banco de Valencia.

El anterior instructor, Juan Pablo González, ordenó la detención de exdirectivos de la caja y del Banco de Valencia, entre los que se encontraba el exjefe del Consell José Luis Olivas. El magistrado decretó prisión para la mayoría de los arrestados, que la eludieron con el pago de una fianza, salvo en el caso de Ferri y Baldó, quienes permanecieron en la cárcel cuatro meses y de la que al final salieron tras abonar, en total, doce millones. Ferri y Baldó están imputados además por los negocios que montaron con la CAM también el Caribe (junto a los exdirectivos de la caja Roberto López Abad y Daniel Gil) por los que acabaron también en la cárcel, que lograron abandonar pocos días después previo pago de 1,5 millones cada uno.

Basándose en informes periciales las acusaciones mantiene que Bancaja concedió durante la presidencia de Olivas al menos dos créditos a Ferri y Baldó que debieron ser considerados desde 2010 «dudosos por razones de morosidad» ya que la refinanciación aprobada por la entidad «no cumplía con las normas» del Banco de España. También se detectaron irregularidades en un préstamo sindicado de 520 millones que Bancaja aprobó para llevar a cabo la refinanciación de dos sociedades del Grupo Grand Coral.