La reforma tributaria que quiere impulsar el Consell para mejorar los ingresos de las arcas autonómicas trae estos días de cabeza a los empresarios, que alertan de las consecuencias de no dar con la fórmula adecuada. Temen especialmente que la Generalitat opte por la vía fácil -y también una de las que mayor impacto recaudatorio tendría a corto plazo- que sería la subida del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo que en estos momentos se encuentra bonificado en un 75%, es decir, que se encuentra un 75% por debajo del máximo que permite la normativa estatal, lo que deja un amplio margen de actuación.
Tanto es así que una de las opciones más probables es la de reducir esa bonificación al 50% -lo que podría aportar más de 80 millones de euros anuales al Consell- pero, según los empresarios, acarrearía numerosas consecuencias indeseables, empezando por la más que probable fuga de negocios a otras autonomías con una fiscalidad más ventajosa a la hora de traspasar las riendas de la compañía a los sucesores. Algo que en el caso de Alicante sería tan sencillo como trasladar su sede social a la vecina Murcia donde, al contrario de lo que aquí se baraja, acaban de reducir el tributo que se aplica en estos casos.
Al menos así lo advierten desde la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (Aefa), donde ya han empezado a movilizarse para tratar de frenar esta subida antes de que sea demasiado tarde. En este sentido, su presidente, Francisco Gómez, también alerta «de los numerosos cierres de pymes que se producirán en los próximos años, ya que muchos de los propietarios de estos pequeños negocios no podrán soportar la cuota que les exija la Conselleria».
Al respecto, Gómez recuerda que más del 90% del tejido productivo de la Comunidad está formado por empresas familiares y que, precisamente, es en el momento de la sucesión cuando un mayor número de ellas acaba bajando la persiana por los problemas que surgen con las herencias. «Lo que habría que hacer es facilitar estos traspasos de padres a hijos para permitir que se mantengan los puestos de trabajo, no poner nuevas trabas», insiste el presidente de Aefa.
Desde la asociación alicantina ya están moviendo los hilos para lograr el mayor número posible de adhesiones a su causa, entre ellos el de la poderosa Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que agrupa a algunas de las mayores empresas familiares de la autonomía. Como primer paso, ambas organizaciones están ya gestionando una reunión conjunta con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, para exponerle su rechazo frontal a esta posible subida del Impuesto de Sucesiones.
Pero, además, Francisco Gómez también quiere llevar el problema al seno del Instituto de la Empresa Familiar a nivel nacional, con el objetivo de promover una armonización fiscal en todas las autonomías para evitar las enormes diferencias que existen en estos momentos y que, a su juicio, suponen una discriminación para los residentes en las comunidades donde el gravamen es mayor. Y es que mientras Canarias, Cantabria o Madrid tienen bonificado este tributo en un 99%, lo que supone su práctica eliminación, otras cobran el máximo permitido. En la Comunidad Valenciana estaba bonificado al 95% hasta que Fabra lo bajó al 75% actual.
Lo cierto es que el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha calificado a la Comunidad de Madrid de «paraíso fiscal» dentro de España y ha censurado que utilice una política de bajos impuestos para atraer a negocios desde otras autonomías. De hecho, gracias a su reducida tributación sólo el año pasado trasladaron su sede a Madrid desde otras comunidades 556 compañías más de las que realizaron el camino inverso, según la agencia de rating Axesor.
