Una pequeña consultora de Elche, ANT Servicalidad, especializada en la denominada táctica del «cliente misterioso», sería la pieza clave de varios de los mayores pactos de precios entre concesionarios de automóviles que, hasta la fecha, ha destapado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En total, ocho cárteles distintos en los que habrían participado hasta 167 establecimientos, además de las propias marcas de coches, que habrían utilizado los servicios de la compañía ilicitana para verificar que ninguno de ellos ofrecía los vehículos por debajo del coste mínimo pactado y evitar así una guerra de precios en el sector.
El último de ellos es el que afecta a seis concesionarios de Nissan en la Comunidad de Madrid -además de la propia Nissan Iberia, la auditora Horwath España y la citada ANT Servicalidad-, por el que Competencia ha impuesto sanciones de 6,03 millones de euros a los afectados, según hacía público el propio organismo supervisor esta misma semana.
Un expediente que se suma a los que ya se habían tramitado con anterioridad, y respectivamente, contra siete concesionarios de Chevrolet; cuatro de Volvo; diez de Land Rover; diez de Toyota; 12 de Hyundai; 23 de la alemana Opel; y 95 del grupo Seat, Audi, Volkswagen. La suma total de las multas impuestas supera los 62 millones.
Todos ellos tienen en común, entre otras cosas, la presencia de la consultora ilicitana que, según Competencia, sería la responsable de «llevar a cabo el control del cumplimiento de los acuerdos previamente adoptados por las empresas participantes en el cártel» y, por tanto, de poner de relieve las «incidencias» que se detectaran para sancionar a los responsables, según consta en el expediente a los concesionarios de Nissan. El mecanismo que describe el supervisor funcionaría de la siguiente manera: los concesionarios que formaban parte del cártel, siempre de la misma marca y, generalmente, acotados a una zona geográfica, se ponían de acuerdo sobre los descuentos máximos que se ofrecerían a los clientes para evitar que una guerra de precios entre ellos acabara con sus márgenes. Según las mismas fuentes, las condiciones acordadas se comunicaban a la auditora Horwath, que elaboraba el denominado «Protocolo de Revisión».
De incógnito
Con este documento, ANT Servicalidad se encargaba de comprobar que nadie se salía del pacto mediante la técnica del «cliente misterioso», una práctica habitual en sectores como el comercio para comprobar la calidad de los servicios que se prestan y que consiste en enviar un falso cliente a realizar una operación, sin que las personas del establecimiento afectado conozcan su verdadera identidad. En este caso, según relata el expediente, los trabajadores de la firma ilicitana se hacían pasar por compradores de uno de los automóviles en cuestión, se marchaban y, días después, regresaban asegurando que en otro concesionario les habían hecho una oferta mejor para comprobar si el comercial accedía a rebajar el precio por debajo de lo estipulado.
Los informes, posteriormente, se remitían a todos los concesionarios implicados, según Competencia, y se sancionaba a los incumplidores. El supervisor recoge varios correos en los que, por ejemplo, uno de los concesionarios afectados discutía una de las «incidencias» detectadas y conseguía que ANT rectificara y comunicara al resto de intervinientes que dicho quebrantamiento «no se va a cobrar».
No sabían nada
La compañía, sin embargo, por boca de su representante legal, Mario Pomares, aseguró ayer a este diario que los informes que realiza con la técnica del cliente misterioso «son perfectamente legales» y que no es responsable del uso que posteriormente sus clientes quieran darle. En este sentido, Pomares niega que la compañía tuviera conocimiento de ningún pacto de precios entre los concesionarios y aseguró que ya ha recurrido ante la Audiencia Nacional las ocho sanciones que le ha impuesto la Comisión de la Competencia. En total, dichas multas suman casi 120.000 euros.
Se da la circunstancia de que todos los expedientes parten de la inspección que se realizó a la compañía en junio de 2013 a raíz de la investigación que el supervisor desarrollaba de los concesionarios de Seat. Sin embargo, la documentación encontrada permitió abrir los otros siete procesos, que han sacudido buena parte del sector de la automoción español.
