El nuevo presidente de la Fundación CAM, Luis Boyer, ya ha empezado a echar cuentas para elaborar el plan de viabilidad que debe atajar la sangría de fondos sufrida por la institución durante los últimos tres años y, entre las medidas que se plantea, está la de desprenderse de una parte del patrimonio inmobiliario que heredó de la extinta Caja Mediterráneo que carece de valor histórico y que no considera estratégico para su actividad. Se trata de pisos destinados a oficinas y de algún local comercial que la antigua Obra Social de la CAM tenía en diversas poblaciones de la provincia y que, en estos momentos, suponen un peso muerto para la institución.
Así lo ha explicado el propio Boyer a este diario, quien señala su determinación de «rentabilizar estas propiedades» como parte de sus propuestas para garantizar la supervivencia de la Fundación, junto con un importante recorte de los gastos y la búsqueda de una mayor colaboración de las administraciones para el mantenimiento de la actividad en los diversos centros que posee a lo largo de la Comunidad Valenciana y Murcia.
«Una opción es alquilar estos inmuebles para conseguir ingresos pero también vamos a estudiar su venta porque lo que no podemos permitirnos es tenerlos vacíos y generando costes», explica el también exdirector general de Comercio de la Generalitat en la etapa de Joan Lerma. La venta, además, ayudaría a recuperar algo de la liquidez perdida en los últimos años, en que los fondos de la institución han caído de 83 a 65 millones de euros, aproximadamente, por el continuo déficit que han sufrido sus cuentas.
Sólo el año pasado, el apartado de gastos -incluidas las amortizaciones- ascendió a unos seis millones de euros frente a unos ingresos de alrededor de 700.000 euros, según la información facilitada por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
Precisamente, fue la intervención de este organismo del Consell alertando a los patronos de la insostenibilidad de la situación lo que precipitó la marcha de Matías Pérez Such de la presidencia de la fundación y su relevo por Luis Boyer. El director del IVF, Manuel Illueca, ya ha dejado claro su exigencia de un cambio de rumbo en la institución y la necesidad de equilibrar sus presupuestos -aunque sea a medio plazo- para evitar su desaparición. Desde la Generalitat se muestran especialmente críticos con los elevados gastos de personal -de 2,1 millones de euros anuales- y también con los costes de los servicios externos, especialmente los provocados por las numerosas causas judiciales que la fundación tiene abiertas por las cuotas participativas de la CAM.
Tras el paréntesis que han supuesto las vacaciones de agosto, la intención de Luis Boyer es arrancar con la redacción del plan de viabilidad en septiembre, con el objetivo de que el patronato de la fundación pueda tenerlo aprobado antes de final de año. Sería entonces cuando se pondría sobre la mesa un posible recorte de plantilla, en función del volumen de actividad que se vaya a mantener.
Compartir gastos
Más allá de otras posibles medidas para mejorar los ingresos, como patrocinios empresariales o el cobro de entradas, Boyer también quiere conseguir una mayor colaboración de las administraciones públicas para el mantenimiento de sus centros, mediante la realización de convenios que permitan compartir gastos. Por ejemplo, apunta que la Generalitat podría utilizar los denominados CEMACAM -los centros de medio ambiente que tiene en la Font Roja de Alcoy o Crevillent, entre otras poblaciones- para realizar actividades de divulgación y pagar por su uso. Una propuesta que ya ha transmitido al jefe del Consell, Ximo Puig, durante el encuentro institucional que ambos mantuvieron el pasado martes.
De la misma forma, también quiere implicar a los ayuntamientos para mantener la actividad y facilitar la apertura al público de recintos como l'Hort del Xocolater en Elx, la Casa Museo Modernista de Novelda, el Museo Azorín de Monóver o el Centro de Arte de Alcoy (ahora cerrado) que suponen un atractivo para estos municipios.
