Los numerosos impagos registrados durante los años de crisis económica han disparado el volumen de bienes que las administraciones públicas se ven obligadas a embargar por los impagos de los contribuyentes, lo que también ha llevado a aumentar el número de subastas que posteriormente se celebran para desprenderse de estas propiedades y recuperar el mayor importe posible de la deuda. Sólo en el caso de la Agencia Tributaria, la cifra de inmuebles confiscados y posteriormente vendidos a través de estos procedimientos ha aumentado un 98% entre los años 2011 y 2015, según la información facilitado por este organismo, lo que da una idea del volumen de actividad que se produce.
En el caso de la provincia de Alicante, sólo entre Hacienda y la Tesorería de la Seguridad Social tienen en venta en estos momentos nada menos que 212 inmuebles, que se adjudicarán en diferentes subastas convocadas a lo largo de los próximos tres meses a las que, en principio, puede concurrir cualquier ciudadano que lo desee. Se trata de locales comerciales, naves industriales, solares o fincas rústicas procedentes de promotoras o empresas quebradas como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria y la recesión, pero también hay numerosas viviendas, plazas de garaje e incluso trasteros.
Como explican desde Hacienda, muchos de estos embargos son fruto de las hipotecas constituidas por los contribuyentes a favor de la administración tributaria en garantía de aplazamientos o del fraccionamiento de impuestos, o bien para suspender la ejecución de otros procesos. En el caso de la Seguridad Social son consecuencia del impago de las cotizaciones que las empresas deben abonar por sus trabajadores y que, con frecuencia, son la primera víctima de la cascada de facturas que se quedan pendientes cuando un negocio empieza a tener problemas.
El organismo dependiente del Ministerio de Empleo es el titular de 61 de los citados 212 inmuebles que se subastarán en Alicante en los próximos meses, con precios de lo más dispar. Así, puede encontrarse, por ejemplo, desde una plaza de garaje en la avenida Príncipe de Asturias de Pilar de la Horadada con un precio de tasación de sólo 601 euros, hasta una nave industrial en Los Montesinos que roza los 900.000. También llama la atención que en muchos casos lo que se subasta es sólo un porcentaje de la propiedad, ya que el contribuyente embargado la compartía con otra persona, con frecuencia su cónyuge o un familiar. Una vez que se adjudica, el dinero obtenido se utiliza para saldar la deuda y, si hay algún excedente, se devuelve al afectado.
Por su parte, la Agencia Tributaria oferta en estos momentos 151 inmuebles en Alicante, que van desde una pequeña parcela de secano en Busot con un valor de apenas 1.071 euros, hasta los 2.596.575 euros en que está tasada una parcela edificable de 39.000 metros en el paraje de Punta de la Víbora en Torrevieja. En una primera fase, Hacienda trata de colocar estos bienes mediante subasta para obtener el mayor beneficio posible, pero si el procedimiento se queda desierto o no alcanza el precio mínimo fijado, se abre un proceso de adjudicación directa, en el que gana la oferta más alta sin que se produzca una nueva puja.
Sin «subasteros»
Se trata de un negocio que tradicionalmente estaba copado por los llamados «subasteros», aunque desde que en el año 2002 el Gobierno decidió realizar las pujas por internet la presencia de estos profesionales se ha ido reduciendo, según afirman desde la propia Administración. En teoría puede presentar una oferta cualquier ciudadano pero, eso sí, hay que tener en cuenta que, al adquirir el inmueble, también hay que asumir las cargas pendientes, como hipotecas o deudas con otras administraciones, por ejemplo, el IBI.
