Nadie cobró por partida doble. Todas las subvenciones del Servef y todo el dinero que el Instituto Valenciano de Finanzas prestó a Coepa se destinaron a la construcción y funcionamiento del centro de oficios, aunque en ocasiones se utilizaran las mismas facturas para justificar la recepción de las ayudas y la disposición de fondos del préstamo. Una duplicidad que, según la patronal, se producía, precisamente, por la exigencia del Servicio Valenciano de Empleo de que los trabajos subvencionados estuvieran pagados previamente con los fondos de que dispusiera el beneficiario, en este caso, el citado préstamo del IVF. No obstante, según los empresarios, una vez que se recibía la subvención, el dinero se destinaba a devolver parte del crédito utilizado y a continuar con los trabajos de construcción del edificio aún pendientes.
Así lo asegura Coepa en las alegaciones que, por segunda vez, ha presentado contra el expediente de devolución de subvenciones que le ha abierto el Servef -por un importe total de 1,9 millones de euros-, después de que este organismo decidiera ampliar el procedimiento iniciado con el objetivo de incluir la citada duplicidad de facturas entre los motivos para exigir el reingreso de las ayudas. Una reclamación que viene a agravar aún más la situación de la confederación empresarial, que se encuentra en pleno concurso de acreedores.
Como ya ha explicado este diario, fue el pasado mes de marzo cuando la Conselleria de Economía comunicó a la patronal que debía devolver el dinero, al considerar que la falta de actividad del centro de oficios suponía un incumplimiento de las condiciones para la concesión de las ayudas, que exigían que el edificio se destinara a formación durante un mínimo de diez años. Los empresarios reclamaron con el argumento de que, aunque fuera bajo mínimos, la actividad se había mantenido con la realización de algunos cursos y que, en cualquier caso, nunca se había destinado a otro fin.
Rebaja con trampa
La administración atendió parcialmente estas alegaciones y rebajó la cantidad a devolver por este concepto de 1,9 a 1 millón de euros pero contratacó al introducir un nuevo motivo para exigir el retorno de todo el dinero. Sólo unas semanas antes había trascendido que el propio Servef y el Instituto Valenciano de Finanzas habían solicitado a la Intervención de la Generalitat que investigara si la utilización de las mismas facturas para justificar las subvenciones del primero y la disposición de fondos del crédito concedido por el segundo suponía algún tipo de irregularidad. Y los responsables del organismo público decidieron usarlo también en el expediente.
Con independencia de las posibles responsabilidades penales que pueda denunciar la Intervención, el Servef sostiene, por un lado, que las subvenciones concedidas eran «incompatibles» con la percepción de otras ayudas públicas «para la misma finalidad» como, a su juicio, supone el crédito del IVF. Y pone como prueba de ello la utilización de las mismas facturas. Además, señala que, en cualquier caso, Coepa también debería haber comunicado a ambas administraciones que estaba recibiendo ayudas de la otra. Por si fuera poco, el expediente destaca que las subvenciones ni siquiera sirvieron para cancelar el crédito, que sigue impagado en su mayor parte, lo que, en su opinión, confiere «mayor gravedad» a los hechos.
Sin embargo, para los empresarios no se ha producido ninguna irregularidad. Para empezar, porque sostienen que la Ley General de Subvenciones no considera a los créditos oficiales como tales -ya que hay que devolverlos-, por lo que no existe la citada incompatibilidad. En cuanto a la obligación de comunicarlo, el documento de Coepa señala que la propia escritura del préstamo del IVF ya recoge que el centro había recibido fondos públicos y, además, recuerdan que en aquella época el Servef y el IVF dependían de la misma Conselleria.
Pero, sobre todo, los empresarios destacan que, «desde un punto de vista material», puede comprobarse que la suma «de las subvenciones concedidas y la cantidad no devuelta del préstamo hipotecario» en ningún caso son superiores al coste de construcción y de puesta en marcha del centro. Es decir, que «en ningún caso se da la situación en la que se hayan obtenido doblemente ingresos para la misma finalidad». En concreto, recuerda que al IVF se le presentaron facturas por 4,77 millones, una cifra prácticamente equivalente a los 2,75 millones que quedan por pagar y los 1,9 millones que le dio el Servef.
En cuanto al uso de las mismas facturas, señalan que prácticamente era una obligación ya que, para librar sus subvenciones, el Servef exigía que los gastos ya estuvieran pagados, lo que se hacía con cargo al crédito del IVF. Cuando se cobraba, se destinaba el dinero a seguir con las obras.
Por todo ello, Coepa reclama la apertura de un periodo de prueba para demostrar que nadie se quedó con el dinero.
