El Consell tendrá en cuenta en la contratación y la adjudicación de subvenciones a aquellas compañías que dispongan de un plan de igualdad. Así lo ha detallado en su Guía de Cláusulas de Responsabilidad Social que ha sido publicada en la página web de la Conselleria de Transparencia y que marca las líneas para la contratación en el sector público.
El escrito hace hincapié en la integración de minorías, como la inserción sociolaboral para personas discapacitadas o en situación -o riesgo- de exclusión social. Esta equidad se aplica también a la igualdad de género, ya que antepone empresas donde hay «igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres», con criterios de puntuación como el compromiso de contratar más «mujeres con una situación acreditada de víctimas de violencia de género».
Además, la institución valenciana prevalecerá aquellas firmas que integren el valenciano en su cotidianidad. En las recomendaciones se precisa que la publicidad y la cartelería deberán utilizar las dos lenguas oficiales de la Comunidad, y que las empresas adjudicatarias tendrán que garantizar a los clientes su derecho a ser atendidos en valenciano. En este sentido, la publicación funciona como un instrumento de estructuración de las normativas europea, estatal y autonómica.
En el ámbito medioambiental también sugiere algunas recomendaciones generales, como la limpieza respetuosa con el medio ambiente, mayor consumición de agricultura ecológica o, en relación al sector digital, el uso de equipos informáticos energéticamente más eficientes.
El Consell apela a la ética como otro de los puntos a considerar, y destaca el uso de productos del comercio justo por parte del licitador durante la ejecución del contrato. De esta manera, se acoge a la normativa aprobada por el Parlamento Europeo en 2005.
Por el lado contrario, el órgano valenciano indica también una serie de prohibiciones al contratar. De esta manera, considera restringidas a las personas o entidades que hayan incurrido en una infracción grave en materia profesional y también a las que hayan incumplido alguna norma de índole medioambiental o sociolaboral con carácter muy grave.
