Los responsables de Coepa son perfectamente conscientes de que ahora mismo la patronal alicantina está mucho más cerca de su liquidación que de superar el concurso en que se encuentra inmersa pero, aún así, ni su presidente, Francisco Gómez, ni el resto del equipo que le acompaña parecen dispuestos a darse por vencidos. A pesar de las dificultades para encontrar una solución para todos los frentes que tienen abiertos, los empresarios han decidido ponerse manos a la obra para elaborar una propuesta de convenio para sus acreedores ordinarios -básicamente la patronal autonómica Cierval, el bufete de abogados de la confederación y algunos proveedores- que pasaría, eso sí, por una quita muy importante.
En concreto, según avanzó Gómez a este diario, Coepa va a plantear una quita de un 95% de esta deuda al considerar que la mayoría de los afectados «ya tienen provisionadas las cantidades que les corresponden -es decir, que ya las han contabilizado como pérdidas, por lo que no les supondría un perjuicio adicional- y que es la única forma de garantizar que la confederación pueda tener una oportunidad de salvarse».
El presidente de la patronal sostiene que este tipo de quitas tan elevadas ya se han dado en otros concursos, si los acreedores consideran que es la única forma de que la entidad sobreviva. Ocurrió, por ejemplo, con la cadena hotelera Husa, a la que los bancos perdonaron la mayor parte de los créditos ordinarios que debía.
En este caso, además, Coepa cuenta con una baza adicional para convencer a Cierval de que acepte su propuesta de quita y que no es otra que las negociaciones para la reforma de sus estatutos. La patronal autonómica necesita los votos de la alicantina para sacar adelante los cambios que quiere impulsar Jose Vicente González, y que pasan por permitir la afiliación directa de empresas y federaciones sectoriales a la organización -sin pasar por las estructuras provinciales, como ocurre hasta ahora- con el objetivo de aumentar sus ingresos y evitar caer también en el concurso de acreedores. De este forma, se daría un «quid pro quo» en el que Cierval perdonaría la mayor parte de la deuda y Coepa cedería parte de su cuota de poder en la estructura patronal de la Comunidad.
El crédito del centro de oficios
En cualquier caso, el convenio sólo afectaría a la deuda ordinaria de Coepa, que apenas suponen unos 800.000 euros de los 4,1 millones a que asciende la casilla del «debe» de la confederación empresarial, según el informe inicial del administrador concursal. De esta cantidad, eso sí, hasta 582.000 euros corresponden a las cuotas que los empresarios alicantinos deben a Cierval, de ahí la importancia de que la patronal autonómica acepte la propuesta de convenio.
No obstante, el grueso de la deuda de Coepa siguen siendo los 3,2 millones que le reclama el Instituto Valenciano de Finanzas por el crédito que solicitó para construir su malogrado centro de oficios y que, al tener garantía hipotecaria, no forman parte del convenio. En este caso, el banco del Consell sigue rechazando una posible dación en pago -a pesar del supuesto acercamiento que se produjo tras la reunión de Francisco Gómez y el president de la Generalitat, Ximo Puig, el pasado 4 de agosto-, por lo que el escenario más probable es que el IVF ejecute la hipoteca.
En ese caso, la cantidad de la deuda que no se cubra con el embargo del inmueble sí se vería afectada por la quita del 95% pactada anteriormente por el resto de acreedores, lo que daría una oportunidad a Coepa. Aún así, la patronal aún tendría un tercer frente: la reclamación de las subvenciones que le concedió el Servef para la puesta en marcha del centro de oficios. El organismo público ya ha confirmado que quiere recuperar al menos un millón de euros ya que considera que el centro no cumplió con su función de impartir formación a los trabajadores durante un mínimo de diez años, como exigía el convenio firmado.
Pero, además, ha advertido que podría reclamar el resto de las ayudas concedidas -alrededor de otro millón- si la Intervención de la Generalitat considera que hubo alguna irregularidad. Como ya contó este diario, el organismo fiscalizador investiga si la confederación utilizó las mismas facturas para justificar las subvenciones y la disposición de fondos del crédito del IVF. Es decir, si cobró dos veces por los mismos gastos.
Un final «digno»
En cualquier caso, Coepa ha recurrido esta decisión y está dispuesta a llegar a los tribunales para anularla. Aún así, el propio Francisco Gómez admite que realmente «es muy complicado» que la patronal alicantina logre salir del bache y, ante el escenario más que probable de su liquidación, confía en que «al menos, tenga un final digno». Sobre este tema, también recuerda que ya hay movimientos para poner en marcha una nueva patronal que garantice la representación de los empresarios de la provincia, en el caso de que Coepa desaparezca.
