El juzgado de Instrucción número 1 de Nules (Castellón) concluyó en su escrito de procesamiento que el volumen del presunto fraude en los cursos de formación de la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC) alcanza los 1,8 millones de euros. La autonómica Cierval también está implicada en el escándalo al ser la que recibió los fondos de la administración y podría verse obligada a devolver parte del capital desviado que no pudiera afrontar la patronal castellonense como responsable subsidiario. Esta situación no preocupa en exceso en la entidad que preside José Vicente González, ya que según explicaron a este periódico, «tienen dotada toda la morosidad de la CEC con la Generalitat», concretamente el Servef, la entidad que financia la formación en la Comunidad. Queda la duda de si parte del dinero abonado por la patronal castellonense a las empresas ahora investigadas se habría hecho a cuenta de Cierval.
En caso de que los 1,8 millones de euros tuviera que devolverlos la CEC de manera íntegra -habrá que ver también qué responsabilidad tiene el exsecretario general y principal investigado de la CEC, Rafael Montero-, la patronal autonómica podría tener problemas ya que no tiene suficiente músculo financiero para cubrir el agujero entero. Sí unos 600.000 euros que ya provisionó, pero no la totalidad. Y la Confederación Valenciana de Empresarios (CEV), la única de las tres patronales provinciales saneada, ya ha anunciado que no quiere saber nada. Ya han cubierto bastante a sus socias en Cierval, reflexionan desde la dirección de la CEV.
Este requerimiento judicial y los que ya le hizo la Generalitat por la vía civil abocan a la patronal castellonense al concurso de acreedores. De momento, ya han decidido solicitar el preconcurso, lo que da un margen de cuatro meses a los nuevos gestores para conseguir capital que haga frente a los desmanes. Se trata de buscar financiación externa, mayoritariamente de empresas porque la administración ya se ha desmarcado de dar cualquier apoyo económico, o ir a la quiebra y la posterior liquidación.
Esta es una de las opciones que se barajan en la CEV y en Cierval, que consideran que la situación de la CEC y de la alicantina Coepa, en concurso de acreedores, puede ser una buena oportunidad para resetear y crear una nueva patronal autonómica, como ha venido contando este periódico. En este nuevo ente no habría patronales provinciales pero sí delegaciones territoriales para que Castellón y Alicante. Pero de momento, esta intención de vertebrar la Comunidad Valenciana se ha visto con cautela y hasta con miedo en algunos sectores empresariales de las capitales de provincia.
La situación de la patronal alicantina y castellonense es vista por muchos empresarios como una oportunidad de reformular la representación empresarial para vertebrar mejor el territorio valenciano. La debilidad de la CEC y Coepa lo hace más posible que nunca, entienden. Pero Alicante y Castellón no están dispuestas a renunciar a su autonomía de Cierval. No quieren ser «delegaciones» de la autonómica, aunque sí apoyan la fórmula de vertebración, según han reiterado en los medios y han transmitido al propio José Vicente González.
