El juez de instrucción número 1 de Nules, Jacobo Pin, ha elaborado unas demoledoras conclusiones tras finalizar la instrucción sobre la causa de los cursos de formación de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), en las que sostiene que existen «indicios» de que el secretario general de la CEC, Rafael Montero, y el directivo de la patronal, José Antonio Espejo, se «concertaron» con cuatro empresarios para «beneficiarse económicamente» de los planes de formación subvencionados por la Generalitat. Eleva el presunto fraude a los 1,8 millones, una cuantía que aportó el Consell para cursos de formación entre 2009 y 2010 y cuyas facturas, según el auto judicial hecho público ayer, no acreditan su realización.
El magistrado procesa por presuntos delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social a Montero y Espejo, a la CEC y Cierval -esta última por ser subsidiaria de las subvenciones de la patronal de Castelló-, a los empresarios Rufino Martínez, Elodia Salvador Benedito y Elodia Benedito Salvador y a las mercantiles centro de oficios La Vall, restaurante El Palau de la Vall, centro de formación Alto Palancia y al Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castelló (filial de la CEC). El cuarto empresario investigado, Álvaro García, queda excluido al no haber sido localizado.
Pone fin a una investigación que destapó este periódico y que inició en julio de 2015 tras recibir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Anteriormente había alertado de posibles irregularidades el Servef. Exculpa al expresidente, José Roca, y confirma a Montero y Espejo, de los que según señala el auto, «simularon la intervención de los empresarios en la organización de los cursos y autorizaron los pagos».
El juez sostiene que los hechos investigados «revisten carácter delictivo» y reseña que las facturas adscritas a los 1,8 millones no «responden a ningún trabajo prestado, ejecutado o entregado, ni existía vinculación contractual entre la entidad pagador, la CEC y los receptores del dinero».
Según la resolución judicial,, estos 1,8 millones provienen de una subvención de 2,9 millones que la CEC obtuvo de los 12,2 millones concedidos por el Consell a la Cierval para un plan de formación. Por un lado, explica que la patronal Castellón abonó 1,6 millones por cursos que había conveniado con los centros La Vall y Alto Palancia cuya documentación no justifica su impartición.
En este caso, la CEC realizó un pago de 640.380 euros a Rufino Martínez, marido de Elodia Salvador Benedito y yerno de Elodia Benedito Salvador, administradoras de los centros de La Vall y Alto Palancia; y un segundo abono de 1,027 millones a Álvaro García Osorio, que emitió facturas a través de «Consultoría y Estudios AGP» por cursos ofertados en las citadas instalaciones. Subraya que no existía vinculación contractual entre Rufino Martínez y la CEC y añade que «no constaba como docente».
Una dinámica similar, continúa el juez, se empleó en una segunda tanda de módulos que dependía del Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castelló, una SL ya disuelta de la CEC de la que era consejero delegado Montero. Esta filial recibió 148.000 euros por clases de riesgos laborales con facturas que, según el juez, «bien no existían o bien respondían a conceptos falsos», y en los que no «consta personal como docente»
El titular del juzgado de Nules indica que de los 1,8 millones se extrajeron 1,5 millones en metálico de las distintas cuentas bancarias a las que se transfería los fondos. Se materializó así en 842.000 de los 1,027 millones que se abonó a Rufino Martínez y en 638.380 de los 640.380 de Álvaro García. El Instituto de Fomento reintegró en la CEC «sin justificación» cheques de entre 20.000 a 25.000 euros hasta alcanzar los 160.000 euros, remarca el auto, que señala que ahora la fiscalía ha de decidir si procede al archivo de la causa, a la apertura del juicio oral o a la práctica de diligencias complementarias.
