José Roca renunció ayer a la presidencia de la patronal de Castellón (CEC) tras 29 años. Sus tres vicepresidentes le anunciaron por la mañana su dimisión por discrepancias con su gestión y, tras quedarse solo, no tuvo más remedio que abandonar. La causa judicial por un presunto fraude en subvenciones públicas a cursos de formación y la grave situación económica de la patronal han sido dos losas demasiado pesadas para el ya exdirigente provincial.

Los tres vicepresidentes de la CEC: Fermín Renau (construcción), Carmelo Martínez (transporte) y Cristóbal Bellés (Cepymec) forzaron la marcha de Roca en una reunión que mantuvieron con él poco antes de celebrarse el comité y la junta directiva de la CEC. Los tres le trasladaron su cese irrevocable por desavenencias. Roca pretendía continuar en el cargo y confiaba en validar ayer los presupuestos anuales y el plan de viabilidad 2016-2020, pero en el encuentro con los vicepresidentes constató su soledad y la magnitud de la rebelión interna. Ante esta tesitura, el histórico dirigente cedió y asumió su marcha para hacer ver en la junta directiva posterior que la dimisión era conjunta. El secretario general, Rafael Montero, rechazó seguir los pasos de Roca aduciendo que su puesto no es electo como el del presidente y vinculó su futuro al próximo presidente de la CEC.

Monteso asume el mando hasta la constitución de una gestora.

Roca, que confirmó su marcha en la junta, inició su cuenta atrás el pasado 16 de mayo cuando cesó de una de la cuatro vicepresidencias de la CEC el representante de la cerámica, Miguel González, quien en una carta reprochó una falta de transparencia en la gestión de Roca y su mano derecha, Rafael Montero.

Los tres vicepresidentes también le mostraron su oposición y le conminaron a delegar la presidencia. Roca se aferró al puesto porque, según señalaba a su entorno, quería defender su honestidad en el caso judicial de los cursos de formación, que investiga el destino de más de medio millón de euros en subvenciones del Consell. Roca, con cerca de 80 años, deja las riendas de la patronal de Castelló con una deuda financiera de 600.000 euros, otra de medio millón con la Cierval y con otros 1,2 millones pendientes en ayudas por cursos de formación que la Generalitat tiene retenidos.