26 de julio de 2016
26.07.2016

El Consell y los agentes sociales inician el nuevo modelo de diálogo social

Suscriben un decálogo de actuaciones que se renovará anualmente en función de los ingresos de la Generalitat

26.07.2016 | 01:26
El Consell y los agentes sociales inician el nuevo modelo de diálogo social

El Consell, la patronal y los sindicatos mayoritarios pusieron ayer en marcha un nuevo modelo de diálogo social que buscará la redistribución del crecimiento económico y que se regirá, anualmente, por la capacidad de ingresos y gastos de la Generalitat. Por tanto, quedan atrás los planes tipo Pavace, de carácter plurianual y grandes objetivos que en muchas ocasiones eran de difícil cumplimiento, según aseguraron ayer a este diario fuentes de la administración autonómica tras la reunión en la que el presidente del Consell, Ximo Puig, la vicepresidenta, Mónica Oltra, y los líderes de la Cierval, José Vicente González, de la CEV, Salvador Navarro, de CC OO, Paco Molina, y de UGT, Ismael Sáez,entre otros, suscribieron un decálogo con las grandes medidas a tomar.

El documento gira en torno a dos grandes ideas: garantizar un sistema público de derechos sociales y desplegar acciones para el cambio de modelo productivo. En la primera, se incluyen propósitos como garantizar el derecho a la vivienda, luz, agua y gas, revertir los recortes en servicios públicos e implementar cláusulas sociales en la contratación pública.

En la segunda se persigue promover la negociación colectiva y la lucha contra la economía sumergida y el fraude, potenciar el desarrollo del trabajo autónomo y el autoempleo, impulsar programas de empleo y formación para colectivos con dificultades para lograr un trabajo, singularmente los jóvenes, consolidar el Instituto Valenciano de Finanzas como banca pública e impulsar la Ley Valenciana de la Innovación y la Agencia Valenciana de la Innovación. Además, se mantienen viejas reivindicaciones como el corredor mediterráneo, la reforma del sistema de financiación autonómica, el reconocimiento de los déficits de financiación acumulados 12.500 millones entre 2002 y 2013 y que el Estado invierta en la autonomía en relación al peso de su población en España.

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