Los ciudadanos de la Comunidad se encuentran entre los españoles que pagan más impuestos por su patrimonio, independientemente de cuál sea el volumen del mismo. Según el estudio «El impuesto sobre el Patrimonio», realizado por la Unión de Contribuyentes (UC) y la Fundación para el Avance de la Libertad y hecho público ayer, los mayores contribuyentes por esta tasa transferida a las autonomías, cuando no superan los 800.000 euros, son los aragoneses (1.164 euros), los catalanes (770) y los valencianos (539), lo que supone que estos últimos pagan un 68% más que la media española. Con un patrimonio digamos intermedio, es decir, de 800.000 euros a 4 millones, los más castigados son los extremeños, con 54.820 euros, los de Baleares (49.998) y los de la Comunidad Valenciana (47.646). Finalmente, en el caso de los más ricos, es decir, aquellos cuyos patrimonios son superiores a los quince millones, la primera posición corresponde a Baleares (375.791), seguida de la Comunidad (344.626) y Galicia y Andalucía, ambas con 331.444.

Un dato sintomático es el de Madrid, que aplica una bonificación del 100% sobre esta tasa, motivo por el cual los residentes es esa zona están exentos de pagar este impuesto. Así, mientras autonomías como la valenciana, muy mal financiadas, tienen que recurrir a incrementar sus impuestos para compensar los menores ingresos per cápita y tratar de mantener los servicios públicos, Madrid aplica medidas fiscales mucho más laxas que, además, ejercen un efecto de atracción sobre patrimonios de otras zonas del país.

Por otro lado, el estudio sitúa a la Comunidad Valenciana como una de las autonomías que «más castigan a la clase media» en el Impuesto sobre el Patrimonio como consecuencia de haber reducido el mínimo exento a 600.000 euros, frente a los 700.000 fijados en la norma estatal. El informe recuerda que en España, con la asunción de competencias normativas por parte de las autonomías, se ha generado una mayor diversificación del tributo. Así, mientras hay comunidades «que van por el camino de los países desarrollados, como Madrid, que mantiene la bonificación del 100% en la cuota o La Rioja, con una bonificación del 50%, Extremadura ha subido el tipo máximo hasta el 3,75%, frente al 2,5% de la escala general». También Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana han aumentado la tarifa por encima de la media. Extremadura es la que tiene el Impuesto sobre el Patrimonio más gravoso del mundo, según el documento. A continuación, figura Baleares, con un 3,45%, y, en tercer lugar, la Comunidad Valenciana, con un 3,12%. El estudio compara la situación de cada autonomía con Francia, único país de la UE que aún mantiene, como España, este impuesto. En la Comunidad se paga un 85% más que en el país vecino en el tramo intermedio y un 99% más en el superior.

Por último, concluye también que la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio generaría, a lo largo de los diez primeros años, un 5% de crecimiento adicional para la economía española y unos 181.000 puestos de trabajo. El documento indica que los «elevados» costes de gestión del impuesto y su «ínfima» contribución a las arcas estatales (apenas un 0,11% del PIB) aconsejan su eliminación, sobre todo si se tiene en cuenta que genera «abundantes situaciones de doble imposición».