La Audiencia de Alicante tiene un total de 75 procedimientos sobre cláusulas suelo paralizadas pendientes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según confirmaron ayer a este diario fuentes judiciales. El abogado general de la Unión Europea, Paolo Mengozzi, dio ayer la razón al Tribunal Supremo al rechazar la retroactividad de las cláusulas suelo en la devolución del dinero a los hipotecados, evitando a la banca el pago de miles de millones de euros y ahora el tribunal deberá dictar sentencia tras estudiar el informe del letrado, que no es vinculante.
Los magistrados de la Sección Octava presentaron hace más de un año una cuestión prejudicial ante el TJUE para que se pronunciaran sobre la doctrina del Tribunal Supremo de que los bancos no devolvieran de manera retroactiva el dinero de las cláusulas suelo declaradas abusivas desde el 9 de mayo de 2013. También planteaban al tribunal que aclararan si dicha sentencia era extrapolable al resto de entidades bancarias o sólo al BBVA, NovaCaixa Galicia y Cajamar.
La Audiencia de Alicante y la de Granada fueron las primeras en cuestionar el criterio del Tribunal Supremo ante la UE y el informe del abogado general se ha efectuado en respuesta a esos argumentos. Aunque han sido varias audiencias las que han planteado sus dudas a la Justicia Europea, para resolver el conflicto sólo se han cogido las dos presentadas en primer lugar. La Sección Octava de la Audiencia alicantina planteó en junio del año pasado las «dudas» que les planteaban las sentencias del Supremo sobre cláusulas suelo, que negaba a los perjudicados poder recuperar lo pagado de más antes del 9 de mayo de 2013, día en que dictó su famosa resolución en la que declaraba nulas aquellas cláusulas que fueran opacas.
El procedimiento se inició después de una apelación contra una sentencia del juzgado de lo Mercantil uno de Alicante contra una cliente del BBVA. El juez dictaminó que el banco sólo debía devolverle lo cobrado indebidamente desde la fecha fijada por el Supremo y no desde 2006, cuando firmó la hipoteca. Mientras se tramitaba el recurso ante la UE, la sección que preside el magistrado Enrique García Chamón ha paralizado todos los pleitos sobre cláusulas suelos están paralizados hasta que se pronuncie el tribunal europeo, tal y como se hace cuando se presenta un recurso de inconstitucionalidad. Pese a que ayer se conoció el informe del abogado, la decisión final de Bruselas todavía podría demorarse hasta final de año.
En sus conclusiones, el abogado afirma que esa limitación «es compatible con el Derecho comunitario» y sostiene que «las repercusiones macroeconómicas asociadas» a la amplitud con la que se utilizaron estas cláusulas abusivas «justifican» esta decisión. Aunque no hay datos concretos, distintos cálculos estiman que entre el 30 y el 40% de las hipotecas suscritas en España incluía el suelo entre sus condiciones, lo que afecta a más de dos millones de personas que han pagado de media 3.000 euros más al año. Las conclusiones de Mengozzi no son vinculantes, pero suelen marcar el camino que sigue el alto tribunal de la Unión Europea (UE) con sede en Luxemburgo en su sentencia. Si el Tribunal de Justicia le diera finalmente la razón, la banca no tendría que devolver a los clientes los intereses cobrados de más con anterioridad al 9 de mayo de 2013 y se evitaría un pago de más de 3.500 millones de euros, según fuentes del sector.
