12 de julio de 2016
12.07.2016
Análisis

España se expone a un plan de vigilancia reforzada por la UE a causa del déficit

El expediente de sanción que hoy analiza el Ecofin incorpora mecanismos de tutelaje para el país

12.07.2016 | 00:28

El incumplimiento por España el año pasado del objetivo de déficit fiscal pactado con Bruselas expone al país no sólo a una sanción que podría llegar a los 2.000 millones de euros (0,2% del PIB nacional) y al bloqueo de parte de los fondos comunitarios destinados al país el año próximo, sino también al sometimiento a un sistema de vigilancia reforzada que obligaría al próximo Gobierno a rendir cuentas cada tres meses de sus esfuerzos en el control del descubierto presupuestario.

El proceso sancionador, que fue activado el jueves por la Comisión Europea, y que también afecta a Portugal –los dos primeros países de los 28 sometidos a esta disciplina correctiva–, llega hoy al Ecofin, el consejo de los ministros de Economía de la Unión, cuya decisión será muy relevante para intuir el recorrido que pueda tener el procedimiento hasta su resolución final el 11 de octubre, y durante cuya tramitación los Gobiernos afectados dispondrán de un periodo de alegaciones. El Gobierno español aseguró en los últimos meses que no habría sanción al país, pero cada vez parece más probable que la haya aunque el importe acabe siendo simbólico. Quedaría en una condena moral pero con mucho calado político, y aún más procediendo de órganos europeos en los que no es la socialdemocracia la que tiene la mayoría sino el Grupo Popular Europeo, al que pertenece el PP.

El debate en realidad es entre el Norte y el Sur. Los países centrales y septentrionales exigen rigor presupuestario para evitar divergencias que pongan en riesgo la viabilidad del área, como ocurrió entre 2010 y 2012, y además para atemperar el enorme malestar de sus ciudadanos que, con una elevada carga fiscal, deben contribuir o transigir con políticas de ayuda al Sur (como ocurre con la actual expansión monetaria del Banco Central Europeo, que empobrece a los países acreedores en beneficio de los deudores) mientras los países meridionales, con una presión fiscal inferior, bajan impuestos y aumentan el gasto público en época electoral.

La Comisión Europea acusó a España el jueves de haber incurrido en un déficit público equivalente al 5,1% del PIB del país –el segundo mayor de la UE tras el de Grecia– en vez del 4,2% pactado (y que previamente ya había sido aliviado varias veces por la UE) no por un empeoramiento del ciclo económico (España tuvo un crecimiento del PIB del 3,2%, el octavo mayor de la UE), sino, según el ejecutivo comunitario, porque esta mejora de la economía no se usó «para acelerar la reducción del déficit» sino para «la rebaja del IRPF y del impuesto sobre Sociedades, la devolución parcial de la paga extra de Navidad» a los funcionarios y el aumento del gasto público.

El Gobierno atribuye la desviación a la baja inflación –que reduce los ingresos nominales del Estado y el PIB nominal– pero la Comisión alega que el incumplimiento del déficit se produjo en un año de fuerte crecimiento y además de menor gasto del Estado en la financiación de la deuda, gracias a la compra masiva de bonos por el BCE, y de menor desembolso en desempleo por la reducción del paro y por la cada vez menor tasa de cobertura de los desempleados. El presidente Mariano Rajoy admitió el 4 de mayo que España hubiera cumplido el déficit de no haber bajado impuestos.

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