El Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana vuelve a poner sobre la mesa la falta de financiación que sufre la autonomía y que, a su juicio, se encuentra detrás de muchos de los problemas que acumulan los servicios públicos que presta la Generalitat, como la sanidad o la educación. El órgano que aglutina a sindicatos, patronales, cámaras de comercio, cofradías de pescadores o asociaciones de consumidores, entre otras organizaciones y entes sociales, reitera en su última memoria la «necesidad de reforma del sistema de financiación autonómico, por resultar claramente discriminatorio para los ciudadanos de la Comunidad», y estima, además, «que no debería renunciarse a la deuda histórica» que el Estado mantiene con la región por todos los años en que ésta ha recibido menos dinero del que debía del Gobierno central.

En concreto, según los datos que cita el propio CES, durante la última década la Administración valenciana sólo ha recibido una media de 2.102 euros por habitante y año, 210 euros menos que la media nacional o 744 euros menos la autonomía más beneficiada por el sistema actual, Cantabria, que recibió 2.846 euros por habitante.

Como es lógico, el organismo considera que esta falta de financiación por parte del Estado es lo que ha llevado a la Comunidad a convertirse en la segunda autonomía con mayor endeudamiento de todo el país, con un total de 41.953 millones de euros a finales del año pasado. Una deuda que genera alrededor de 1.000 millones de euros de gastos en intereses, lo que agrava aún más la falta de recursos de la Generalitat.

Así las cosas, de nada sirve que la Comunidad Valenciana sea una de las administraciones que menos gasta. De acuerdo con los cálculos realizados por el Comité, entre los años 2002 y 2015 el Consell invirtió una media de 2.617 euros por habitante, 528 euros menos que la media de las autonomías y hasta 3.071 euros menos de los que pudo destinar a sus residentes el Gobierno navarro, gracias al privilegio que supone el concierto foral.

Como recuerda el CES, esta menor disposición de fondos por parte del Ejecutivo valenciano supone «asumir unos niveles inferiores de calidad en la prestación de servicios públicos o en la inversión». Un problema aún más grave cuando se habla de prestaciones «fundamentales« para los ciudadanos.