La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado a declarar como investigados (antes imputados) a 23 exconsejeros de Bancaja por la concesión de préstamos supuestamente irregulares a los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó para sus negocios en el Caribe, el conocido como proyecto Grand Coral. La juez aprecia «indicios de responsabilidad criminal como cooperadores» en los delitos de apropiación indebida y administración desleal puesto que todos votaron a favor en los consejos de administración de diciembre de 2006, octubre de 2007 y diciembre de 2009 que aprobaron las operaciones inmobiliarias en México.

Entre los citados se encuentra el expresidente de Banco de Valencia Antonio José Tirado además de otros miembros de los consejos como Josefa Martín, José María Catalunya, Vicente Montesinos, Ángel Álvarez, Manuel Escamez, Rafael Ferrando, Francisco Gregori, Ana Llanos, Ana Herce, Teresa Montañana, Ernesto Pascual, Remigio Pellicer, Rocío Páramo, Juan Antonio Pérez, Matilde Soler, Ana María Torres, Isaíes Fayos, Héctor Ferrás, Carmen Hernández y Francisco Villena. Las declaraciones tendrán lugar entre el 12 y el 15 de septiembre.

Hace un año y en el marco de esta pieza, el entonces instructor, Juan Pablo González, ordenó la detención de exdirectivos de la caja y del Banco de Valencia, entre los que se encontraba el exjefe del Consell José Luis Olivas. El magistrado decretó prisión para la mayoría de los arrestados, que la eludieron con el pago de una fianza, salvo en el caso de Ferri y Baldó, quienes permanecieron en prisión cuatro meses y de la que al final salieron tras abonar, en total, doce millones.

El proyecto Grand Coral incluía las operaciones Emerald, la compra de las fincas Zacaton y Piedras Bolas, en Baja California, y Vinoramas en la Riviera Maya. Todas financiadas por Bancaja y el Banco de Valencia.

Ferri y Baldó están imputados además por los negocios que montaron con la CAM también el Caribe. Al igual que ocurrió con la pieza de Bancaja, acabaron en la cárcel de Soto, que lograron abandonar pocos días después tras pagar 1,5 millones cada uno.