Los miembros de la Fundación CAM -heredera de la Obra Social de la extinta Caja Mediterráneo- decidieron ayer retrasar al próximo día 11 de julio la aprobación de las cuentas de 2015, como estaba previsto, después de que varios patronos pidieran más detalles sobre aspectos como los gastos jurídicos derivados de su personación en procesos judiciales -como los de las cuotas participativas- o sobre la escasa actividad y falta de ingresos de la entidad.
Transcurridas tres horas de reunión y ante las múltiples preguntas de algunos miembros, el presidente, Matías Pérez Such, propuso posponer dar el visto bueno a las cuentas a una próxima convocatoria. «La gente lo ha visto razonable para que todos las conozcan mejor», explicaba el portavoz de la Fundación, Manuel de Barros, quien calificó la reunión como «de mucho debate». Otros asistentes, sin embargo, la percibieron con «mucha tensión».
De Barros también aseguró que se facilitará a los patronos los detalles solicitados. «Se contestarán todos los temas económicos», dijo.
Esta convocatoria se produce en medio de un fuerte malestar por parte de algunos patronos, muy especialmente de los procedentes de Murcia, por la falta de ingresos debido a la mínima actividad que desarrolla la Fundación, pese a que hace ya dos años que se creó -en 2014-, y que tiene un destacado fondo de obras de arte (4.000), inmuebles culturales y una importante biblioteca.
Desacuerdos
La gestión es otro de los puntos de fricción en el seno del Patronato, al igual que el de los gastos jurídicos y el coste del mantenimiento de una plantilla, compuesta por unos 50 trabajadores, cuyas condiciones laborales vienen heredadas de cuando existía la antigua caja y que representan unos dos millones de euros al año para una institución que tiene más gastos que ingresos.
Hace tiempo que la Fundación tiene previsto aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), sin bien aún está pendiente. Al parecer, faltan algunos informes técnicos. «Y sólo quedaría tomar la decisión», admitió De Barros, quien no preveía que en la próxima reunión del día 11 se discuta. A las preguntas de patronos sobre este ERE, Pérez Such respondió ayer que se tratará de hacer lo mejor posible, según indicaron distintas fuentes de la Fundación.
Lo que sí entrará en el orden del día será el debate sobre la gestión de la Fundación, otro de los aspectos más criticados por miembros del Patronato. Este análisis estaba previsto para el mes de julio, y ayer se decidió que se realizaría en la misma convocatoria para la aprobación de las cuentas, el día 11, tras dejarse ayer este asunto sobre la mesa.
A la reunión, asistieron también los representantes de la auditoría para informar a los patronos. Sobre los gastos jurídicos que algunos miembros consideran elevados, Manuel de Barros indicó que también se explicaron durante la reunión.
Cuotas participativas
En ésta, además, se informó de que «se ha ganado el caso 51 por las cuotas participativas. Nos han dado la razón de que es el Banco Sabadell el responsable. Los temas jurídicos hay que explicarlos bien. La inversión en abogados no es mala porque ganamos juicios», argumentó. Ayer también se volvió a insistir en la discreta actividad cultural y social de la Fundación en Valencia, Alicante y Murcia, y se exigieron propuestas.
«Y en eso estamos desde hace tiempo. Queremos hacer una política de actividad, pero es que cualquier exposición o acto representan más gastos: costes de luz, agua, mantenimiento», justificaba el portavoz, quien, no obstante, admitió que era importante generar ingresos.
El malestar con la gestión de la institución proviene tanto de los representantes de las provincias de Valencia y de Alicante, pero especialmente críticos han sido los miembros de Murcia, que han llegado a mostrar su inquietud por escrito.
