El próximo 29 de septiembre. Ésa es la fecha tope que ha fijado el titular del juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante para que la patronal alicantina Coepa presente su propuesta de convenio y su plan de viabilidad para superar el concurso de acreedores en el que se encuentra inmersa, una vez que el informe del administrador no ha recibido alegaciones. En consecuencia, la junta de acreedores que deberá aprobar o rechazar dicho convenio se celebrará el 11 de noviembre.

Así lo comunicó ayer el presidente en funciones de la organización, Francisco Gómez, durante la junta directiva y la asamblea general de la patronal en la que también se aprobaron la liquidación de las cuentas de 2015 y el presupuesto de 2016, que contaron con el voto en contra de la Federación del Metal (Fempa), que las considera completamente irreales.

De esta forma, Coepa tiene tres meses por delante para convencer, por un lado, al Instituto Valenciano de Finanzas de que se quede con el centro de oficios para cancelar la hipoteca que pesa sobre él, y, por otro, para pactar una quita y un plan de pagos con la patronal autonómica Cierval, que es el principal acreedor ordinario y, por tanto, del que depende la aprobación o no de la propuesta de convenio.

Al respecto, Gómez también dejó claro durante su exposición a la junta directiva de la importancia de conseguir un buen acuerdo para evitar que las «cargas» de la patronal sean excesivas e impidan su «refundación», tal y como desea el empresario. De lo contrario, sería preferible una liquidación ordenada. Tal y como ya avanzó este diario, Gómez y el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, han puesto en marcha un proceso para lanzar un nuevo modelo de patronal para la provincia, con una estructura reducida que permita su supervivencia con las cuotas de los asociados y su independencia de las subvenciones públicas.

En este sentido, ambos han acordado trabajar en la definición de este modelo pero todavía discrepan el vehículo necesario para hacerlo realidad. El también presidente de la Asociación de la Empresa Familiar aboga por salvar Coepa, para asegurarse la actual representación que ostenta la patronal alicantina en la Ceoe y la autonómica Cierval y evitar que se pierda. Sin embargo, Navarro y otros representantes empresariales prefieren constituir una nueva confederación para evitar, precisamente, las cargas del pasado que arrastra Coepa.

En cualquier caso, la difícil situación económica por la que atraviesa la patronal quedó patente en las cuentas presentadas ayer que, como avanzó este diario, recogen unas pérdidas de 251.000 euros, eso sí, la mayoría por la carga del citado centro de oficios. Además, para este 2016 se prevén unos números rojos aún mayores, de más de un millón de euros, por las indemnizaciones que se pactaron con los trabajadores acogidos al ERE.

Como se esperaba, las cuentas fueron aprobadas por unanimidad en el comité y la junta directiva, y contaron con el único voto en contra de Fempa durante la asamblea general. Para la Federación presidida por Guillermo Moreno, los balances están mal formulados y contienen lo que consideran numerosas incorrecciones. En este sentido, Fempa tiene recurridas en los tribunales las cuentas de 2013 por lo que estima diversas irregularidades que, a su juicio, no se han corregido y, por tanto, se arrastran en las que se presentaron ayer. En este sentido, Fempa considera que el comité incluso podría haber incurrido en responsabilidades al votar favorablemente.