Santiago De Santos ha anunciado su cese como consejero delegado de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunidad Valenciana, que formalizará en el próximo Consejo de administración de la entidad.
El consejero delegado ya ha anunciado sus intenciones al presidente de la entidad y al resto de consejeros, y ha argumentado motivos personales, según ha informado la SGR en un comunicado.
Según ha explicado Santiago De Santos a los consejeros, es una decisión "meditada" que formalizará cuando se cumplen cuatro años de su llegada al frente del Consejo, y con la seguridad de que el actual equipo gestor encabezado por Manuel Illueca, director general del IVF, "culminará con éxito" el plan de viabilidad de la entidad.
Manuel Illueca ha trasladado a Santiago de Santos su agradecimiento "por el trabajo realizado durante estos últimos años, que han supuesto la consolidación de las bases de lo que será la nueva SGR de la Comunidad Valenciana".
En mayo de 2012, Santiago de Santos inició su gestión en la SGR con una auditoría interna que puso de manifiesto el estado de quiebra técnica de la entidad que, con una pérdida esperada de 130 millones y la necesidad de refinanciar más de 350 millones de deuda con las entidades financieras, era causa de liquidación de la sociedad.
A partir de ese momento, la sociedad inició un proceso de reestructuración y saneamiento para salvar in extremis el concurso de acreedores.
El nuevo equipo asumió la responsabilidad de elaborar un plan de negocio viable, que contase con el visto bueno de la Generalitat, del Ministerio de Hacienda, del Banco de España y, finalmente, de la Comisión Europea.
Para ello, el primer paso fue cerrar una operación de refinanciación, que ascendió a un importe de 200 millones de euros, y que se suscribió en el acuerdo marco de reestructuración con un 'pool' de 30 entidades bancarias con un aval de 200 millones de euros de la Generalitat.
Este aval fue considerado como ayuda de Estado compatible por Europa, lo que supuso el respaldo de las autoridades europeas al plan de negocio y de reestructuración que la sociedad llevó a cabo desde junio de 2012, añaden las fuentes.
Además, la sociedad modificó totalmente la estructura de aprobación de operaciones, pasando de una organización territorial a una estructura de carácter centralizado.
Se procedió al cierre de 7 de las 10 oficinas y se simplificaron los órganos de gobierno de la entidad, con la reducción del número de consejeros, que pasaron de 34 a 9 miembros y que posteriormente quedó en 5 consejeros, uno de ellos independiente en línea con las exigencias de Bruselas.
