La Confederación Intersindical de Crédito (CIC) presentó ayer en el Banco de España un escrito en el que aprecia un posible delito de prevaricación cometido por el organismo supervisor, al incumplir la Ley de Disciplina e Intervención que le obligaba a vigilar y sancionar a las cajas de ahorros durante la crisis económica. La organización, presidida por Gonzalo Postigo, interpuso este documento que se acompaña de un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que constata las «debilidades, incumplimientos y actuaciones incorrectas» cometidas por el Banco de España en el «caso Bankia»; así como de un estudio de la CECA dando cuenta de la pérdida de más de 46.000 empleos en el sector de las cajas de ahorros desde 2009.
El escrito está dirigido al gobernador Luis María Linde y al resto de miembros de la Comisión Ejecutiva y expone que el supervisor debió sancionar a las entidades que infringieran la normativa, algo que nunca ocurrió a pesar de las numerosas irregularidades que se han detectado en la mayoría de las cajas.
