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Coepa rechaza devolver las ayudas al Servef

La patronal alega que el ente público financió dos cursos en 2015 - Pretende demostrar que ese año se realizó actividad

El centro de oficios de Coepa nunca se ha destinado a otra finalidad que no sea la formativa y, además, aunque fueran escasos, siguió albergando cursos durante el año 2015. Así al menos lo sostiene la patronal alicantina en las alegaciones que ha presentado contra la decisión del Servef de reclamarle los 1,9 millones de euros de subvención que le otorgó para construir estas instalaciones. Un dinero que ahora el organismo público quiere recuperar al considerar que los empresarios no cumplieron con las condiciones de su concesión, que exigían mantener la actividad formativa del centro durante al menos diez años cuando en 2015, según la versión de los servicios territoriales de la Conselleria de Economía, no se impartió ningún curso.

Y lo primero que entra a rebatir Coepa es la propia interpretación que realiza el Servef sobre esta exigencia. Según la documentación aportada por la patronal, los convenios firmados para la concesión de las ayudas sólo hablan de mantener «la finalidad» de las instalaciones, lo que a su juicio simplemente significa no destinar «las obras financiadas a un fin distinto al previsto», es decir, al de la formación.

En este sentido, el escrito de Coepa destaca que «la finalidad actual (del edificio) es la misma que sirvió de base a la concesión de las diferentes subvenciones públicas que contribuyeron a su construcción» ya que en ningún momento se ha utilizado para algo distinto «ni se ha enajenado ni cedido» el inmueble. Es más, en un claro tono crítico, los empresarios recalcan que «lo que no se puede hacer es pretender tratar como subvenciones de explotación (las que están vinculadas a la realización de una actividad concreta), subvenciones que eran de capital (para realizar una inversión) y añadir condiciones donde no las había».

Además, para reforzar su argumento, la patronal acompaña el escrito de numerosa documentación para demostrar que se ha seguido realizando el mantenimiento de las instalaciones -con todas las revisiones que marca la ley- por lo que están listas para acoger nuevos cursos en cualquier momento, según el escrito.

En cualquier caso -y por si el primer argumento no convence a los responsables del Servef-, la patronal también niega la mayor y presenta pruebas de que el edificio sí que albergó cursos durante el año 2015, aunque no llegaran ni a la decena. Es más, Coepa recuerda que entre estos cursos también hubo algunos -dos, para ser exactos, dedicados a la seguridad y la higiene en la hostelería- que estuvieron financiados con fondos del mismo organismo público que ahora niega esta actividad. Los empresarios aportan incluso los expedientes de inspección que realizaron los técnicos del Servef acreditando que los cursos efectivamente se habían impartido.

No obstante, la patronal reconoce que el volumen de actividad se ha reducido de forma muy significativa durante los últimos años, pero lo achaca a los recortes que han sufrido los fondos públicos destinados a formación para el empleo -se han reducido más de un 70%- y a los cambios normativos, «que finalmente han excluido a las organizaciones empresariales como beneficiarios automáticos de las subvenciones públicas para formación».

Incumplimientos

Y no se queda ahí. Coepa señala que si alguien ha incumplido algún convenio sobre el centro de oficios, éstas han sido las administraciones. Así, recuerda que el Ayuntamiento de Alicante -propietario de la parcela sobre la que se levanta el centro- nunca desarrolló el convenio de colaboración que se incluía en el documento de cesión de los terrenos. Tampoco la Conselleria de Educación llegó a realizar ninguna actividad de Formación Profesional, como estipulaba el acuerdo que se firmó en 2011 y que estuvo vigente hasta febrero de esta año. La hipoteca que pesa sobre el centro de oficios de Coepa es, a día de hoy, el principal motivo que llevó a la patronal a solicitar el concurso de acreedores y sigue siendo el mayor obstáculo para salir del mismo. Además, la Intervención de la Generalitat investiga si se produjo algún fraude con las subvenciones recibidas ya que se han detectado facturas duplicadas.

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