Hasta diez años de prisión por los delitos de apropiación indebida y/o administración desleal diez años de prisión es la pena que, como acusación popular, acaba de pedir el abogado murciano Diego de Ramón para quien fuera el último presidente de la CAM, Modesto Crespo, para los 19 miembros del consejo de administración de la caja que aprobaron que cobrara 300.000 euros año y para el exdirector general Roberto López Abad, que planteó la propuesta.
De Ramón, quien en todas las piezas abiertas por la gestión de la CAM viene representando a cerca de un millar de afectados por la compra de cuotas participativas, se suma así a la tesis de la Fiscalía Anticorrupción en este proceso. En línea con la acusación pública, el letrado sostiene que tanto Crespo como los 19 consejeros que dieron luz verde a su nombramiento como presidente de la participada Tinser y al pago de 300.000 euros al año en concepto de dietas son responsables en concepto de autor de un delito de apropiación indebida y/o de otro de administración desleal. Cargos de los que a López Abad considera inductor y cooperador necesario.
En cualquier caso, la pena que solicita para los 21 acusados por estos hechos es la misma: 6 años por la apropiación indebida y 4 por la administración desleal. El fiscal reclama 4 años para el expresidente y el exdirector general, 3 para los miembros de la comisión de retribuciones que dio el primer visto bueno a los pagos y que estaba formaba por los entonces consejeros Antonio Gil-Terrón, Martín Sevilla y Luis Esteban, y 2 para el resto de los miembros del consejo de administración.
La mayoría de los consejeros acusados han mantenido en sus declaraciones ante el juez que al consejo de aquel 27 de noviembre de 2009 se llevó la propuesta de nombrar al empresario ilicitano presidente de Tinser pero no la retribución que le convirtió en el primer presidente de la CAM que cobraba y que le permitió embolsarse 600.000 euros en apenas dos años (parte de ellos con carácter retroactivo) sin que hiciera nada para merecerlos, según coinciden en sostener tanto todas las acusaciones como el instructor en lo que vendría a ser el auto de procesamiento. La particular, que se ejerce en nombre la Fundación CAM, únicamente considera responsable de estos hechos a Crespo mientras exculpa a López Abad y al resto de los consejeros.
En su escrito de defensa, el expresidente de la caja alegó sus dotes para captar inversores, que le habilitaran un despacho o que acudiera todos los días a la sede de la CAM, aunque sin especificar a qué, como motivos más que suficientes para percibir esos 600.000 euros por estar al frente de una participada cuyo control hasta ese momento no le había supuesto ningún coste a la CAM, salvo el salario de la persona que se ocupaba de su gestión, además de otras tareas.
Los abogados del expresidente ponían el acento en su «experiencia y prestigio profesional en la zona de Levante» y en el hecho de que «no estuviera relacionado con el sector inmobiliario, siendo así que su labor consistiría en buscar oportunidades de inversión». Una afirmación que choca con lo declarado por Crespo en la pieza principal, la que abarca el supuesto blanqueo de las cuentas, donde el empresario aseguró que sus funciones al frente el consejo de la CAM se limitaban a hablar con el obispo y con el entonces jefe del Consell, Francisco Camps.
