Hacienda ha empezado a sancionar a los contribuyentes de la provincia que no incluyeron las ayudas del Plan PIVE para la compra de automóviles en sus correspondientes declaraciones de la renta. Una obligación que muchos de los afectados desconocían ya que este dato no suele aparecer en los borradores que la Agencia Tributaria elabora, según ha alertado esta mañana el presidente del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues.
De acuerdo con la legislación, la aportación que el Estado realiza para este plan -que eran 1.000 euros por vehículo hasta mayo del año pasado, cuando la cantidad se redujo a 750- debe tributar como una ganancia patrimonial al tipo general de cada contribuyente. Es decir, que si el declarante tiene un tipo del 24%, deberá pagar en su declaración 240 euros. Sin embargo, «la mayoría de los contribuyentes lo ignora, porque no es un dinero que le hayan dado. Cuando fue al concesionario, simplemente, se lo descontaron del precio y tampoco aparece en el borrador», ha recalcado el vicesecretario del Colegio, Antonio Rodríguez.
El resultado es que muchos contribuyentes no declararon esta ayudas cuando tocaba y ahora la Agencia Tributaria ha empezado a reclamarlas. En el mejor de los casos, la carta sólo indica que la Agencia tiene constancia de que se han recibido estas subvenciones e insta a regularizar la situación pero también hay casos en los que ya se están dando paralelas, según ha explicado Menargues. En el primer caso, el recargo que deberá pagar el afectado será de un 20%, pero si ya hay sanción ésta puede alcanzar el 50% de la cuota a pagar.
«El problema, además, es que todo el proceso es muy engorroso, porque te obliga a presentar una declaración complementaria, para lo que ya tienes que contratar a un asesor y seguir toda una serie de trámites», ha apuntado el presidente de los economistas alicantinos, que ha insistido en la necesidad «de revisar siempre los borradores de la renta, porque la responsabilidad siempre es del contribuyente».
Es más, el presidente de la comisión fiscal del Colegio, Antonio Pérez, también ha alertado de que la simple percepción de las ayudas del PIVE obliga a presentar la declaración de la renta, aunque por nivel de ingresos no se alcance el mínimo legal. «Esto puede provocar, por ejemplo, que un pensionista que no estaba obligado a declarar y que no presentaba la declaración porque le salía a pagar se vea ahora en la tesitura de tener que presentarla», ha explicado Pérez.
Segundas residencias
Por otra parte, los economistas también han asegurado que la declaración de este año le saldrá más cara a los miles de contribuyentes que tienen segundas residencias o cualquier otro tipo de inmuebles urbanos, además de su vivienda habitual. El motivo es que, hasta ahora, quienes tenían el apartamento en un municipio que había revisado sus valores catastrales con posterioridad a 1994 sólo pagaban en su declaración el equivalente al 1,1% de dicho valor catastral frente al 2% general. Ahora, esa rebaja sólo se aplicará a los que tengan su propiedad en poblaciones que hayan revisado el catastro desde 2015, lo que supondrá una subida de impuestos para decenas de miles de contribuyentes.
