La distancia ente los empresarios alicantinos y sus homólogos valencianos es cada vez mayor. El «sálvese quien pueda» en que se ha convertido la búsqueda de una solución para el complicado momento que atraviesan las patronales de la Comunidad quedó ayer más patente que nunca durante la reunión del comité y la junta directiva de Cierval, en la que no faltaron los reproches mutuos y se pudo comprobar las visiones totalmente opuestas que tienen del problema desde la ciudad del Turia y desde el resto de la autonomía.
Así, frente a los planes de la patronal autonómica y de la valenciana CEV para restar poder a las organizaciones provinciales -que pasan por permitir la afiliación directa de federaciones sectoriales y empresas a su estructura con el objetivo de sanear sus maltrechas cuentas-, el presidente en funciones de Coepa, Francisco Gómez, exigió ayer la elaboración de un plan de viabilidad conjunto, que garantice la supervivencia de todas las patronales y que mantenga la actual estructura provincial de Cierval. De lo contrario, la alicantina -que se encuentra en concurso de acreedores- amenaza con negarse a aprobar las próximas cuentas de la autonómica en un movimiento que, muy probablemente, también secundaría Castellón.
Y lo hizo después de que el auditor de Cierval, la firma Grant Thorton, advirtiera durante el encuentro de que su informe sobre las cuentas de 2015 incluirá un párrafo de énfasis para destacar el problema de liquidez grave que, a su juicio, arrastra la organización. No en vano, según la información que ayer se proporcionó a los miembros de la directiva, las provisiones por las cuotas impagadas por parte de Coepa y la CEC castellonense provocaron que la patronal presidida por José Vicente González cerrara el ejercicio con más de 900.000 euros de pérdidas, con unos fondos propios negativos de 515.000 euros y un fondo de maniobra también negativo de 575.000 euros.
Concurso de acreedores
Para los representantes alicantinos estos datos justificarían por sí solos que Cierval también se acogiera al concurso de acreedores, una posición que los responsables de Coepa llevan meses defendiendo en un intento por implicar al conjunto del empresariado en la búsqueda de una solución a su situación quiebra, aunque ayer no llegaron a explicitarla en el encuentro.
Sin embargo, el tesorero de Coepa, Antonio Galvañ, sí dejó claro las dudas de los alicantinos sobre los planes de la organización autonómica para superar esos problemas de liquidez ya que, a su juicio, se basan en un aumento de los ingresos que no es realista. Entre otras cosas, porque dicho aumento de ingresos pasaría por reformar los estatutos en el sentido que quieren los valencianos -es decir, permitiendo la afiliación directa a Cierval de empresas y federaciones sectoriales, sin pasar por las provinciales, como ocurre ahora, para aumentar las cuotas que cobra-, unos cambios que no están ni muchos menos aprobados y que cuentan con la oposición de Alicante y Castellón que, a día de hoy, tienen mayoría en la asamblea de la patronal y que consideran que esta propuesta es, en realidad, un intento de fagocitarlas.
En el fondo del asunto está el malestar de los empresarios alicantinos por la poca implicación de la organización autonómica en sus intentos por evitar el concurso de acreedores, sobre todo por su falta de mediación con la Generalitat, que es la que tiene la llave de la situación al ser el titular de la hipoteca que pesa sobre el centro de oficios, el principal motivo de su quiebra. Tanto es así, que ayer Francisco Gómez también exigió a los presentes garantías de que Cierval -el segundo mayor acreedor de Coepa- secundará el convenio que proponga para superar el concurso.
Y es que los alicantinos creen que sus colegas valencianos están aprovechando la situación para conseguir la hegemonía en la patronal autonómica y que incluso estarían dispuestos a dejar caer a Coepa y a la castellonense CEC -inmersa en una investigación judicial por un supuesto fraude en cursos de formación- para lograr su objetivo.
Por su parte, desde Valencia se considera incluso arrogante la actitud de alicantinos y castellonenses y sus reticencias al plan propuesto por José Vicente González para salvarla, ya que consideran que el único motivo de la delicada situación de Cierval son los impagos de ambas patronales provinciales. De hecho, ayer González llegó a reprochar a Coepa que no les avisaran con antelación de la presentación de la solicitud de concurso en el juzgado. De ahí que consideren justo que ahora hagan un sacrificio y reduzcan su peso en la estructura autonómica.
Por el contrario, desde Coepa recuerdan que llevan años reclamando una reducción de los gastos de Cierval para bajar las cuotas que pagan y que la negativa de la organización ha contribuido a agravar su insolvencia. En este línea, los alicantinos siguen defendiendo que cualquier plan de viabilidad debe pasar por un recorte de presupuesto de Cierval, como ya ha hecho la propia Coepa y consideran que la mejor garantía sería la puesta en marcha de un plan de viabilidad conjunto.
