Coepa no está dispuesta a tirar la toalla en su lucha por conseguir que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) acepte la dación en pago de su centro de oficios para cancelar la abultada deuda que mantiene con el organismo público, que le ha llevado a declararse en concurso de acreedores. Si desde el banco del Consell esgrimen informes internos de sus servicios jurídicos para negarse en plano a esta posibilidad, la patronal está dispuesta a darle la vuelta a la situación y ha decidido encargar un dictamen a Garrigues para rebatir los argumentos de los abogados de la Generalitat.
Así lo señaló ayer a este diario el presidente en funciones de Coepa, Francisco Gómez, que sigue convencido de la viabilidad de la organización empresarial. Y más ahora, que ya se conocen los resultados de la tasación del edificio encargada por el administrador concursal y que sitúa su valor en 4.432.244 euros. Una cifra muy por encima de la deuda que ha generado la hipoteca del inmueble y que, según el administrador, el abogado alicantino Luis Fernando Alonso Saura, ronda los 3,2 millones de euros.
A pesar de esa diferencia -que haría pensar que el IVF saldría ganando con la entrega del inmueble- lo cierto es que el organismo público no tiene obligación de aceptar la dación en pago y que, como ya publicó este diario el pasado miércoles, de momento, se mantiene firme en su rechazo al mismo. El motivo no es otro que el informe interno que los anteriores responsables del Consell con el PP encargaron a sus servicios jurídicos y en el que se alerta de las consecuencias legales de dicha aceptación.
Al respecto, el mayor inconveniente que ven los abogados de la Generalitat es que el edificio se levanta sobre una parcela municipal cedida temporalmente -la concesión expira en 2030-, con la condición expresa de que las instalaciones se dediquen a formación. Si el IVF acepta la dación en pago y no pudiera darle este uso, podría verse obligado a devolver antes de tiempo los terrenos -y todo lo construido sobre ellos- al Ayuntamiento de Alicante, ya que se subrogaría en su posición jurídica. Lo mismo ocurriría con las subvenciones recibidas para ponerlo en marcha, una circunstancia que entienden que no se produciría si, simplemente, se ejecuta la hipoteca.
En Coepa, sin embargo, consideran que este informe interno no impide que se acepte la dación en pago y que los recelos de la Administración autonómica no están justificados. Por eso, han decidido poner a sus abogados a trabajar en un dictamen que ayude a vencer estos temores.
En busca de ingresos
En cualquier caso, lo cierto es que las negociaciones con el IVF todavía no han empezado, como reconocía ayer el administrador concursal, que debe finalizar en los próximos días su informe para dictaminar cual es el activo y el pasivo real de la patronal, es decir, sus bienes y sus deudas. En el peor de los casos, Coepa podría firmar un convenio de pagos con sus acreedores ordinarios -básicamente, la patronal autonómica Cierval y sus abogados- y esperar a que el IVF ejecutara la hipoteca y se adjudicara el inmueble. Esta adjudicación se realizaría por un mínimo del 50% del valor que se atribuyó en su día al edificio, 5.122.000 euros, lo que reduciría la deuda de Coepa con el organismo público de los 3,2 millones actuales a unos 700.000 euros, que se sumarían a los cerca de 470.000 que debe al resto de acreedores. Unas cantidades que Alonso Saura no considera excesivas. Para el administrador el quid de la cuestión está en saber si Coepa será capaz de generar los ingresos necesarios para afrontar el plan de pagos que se pacte.
En este sentido, una de las tareas que ahora le ocupan es determinar cuánto puede recibir la patronal del Consell por la Ley de Participación Institucional que, junto con las cuotas de los socios, suponen el principal sustento de Coepa.
Por otro lado, la patronal reunirá el próximo lunes a su comité ejecutivo para nombrar a su nuevo secretario general en sustitución de Fermín Crespo. El elegido será José Ramón Lillo, uno de los dos únicos empleados que le quedan a Coepa. Se espera que para entonces, el presidente en funciones, Francisco Gómez, tenga también sustituto para el cargo de Tesorero, que Antonio Galvañ deberá abandonar tras cesar como director de IFA, organismo al que representaba en la patronal.
