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La deuda pública rebasa la meta

La deuda pública española ha llegado a la meta y la ha rebasado. La deuda de las administraciones públicas sigue su escalada

La deuda pública está disparada. efe

Superar el 100% del PIB no es un hecho exclusivo de España, ya que otros países europeos como Italia (con cerca del 130% de deuda sobre el PIB) hace tiempo que se mueven por encima de esa barrera. Sin embargo, para España es una rareza que no se vivía en más de un siglo. El economista e historiador Francisco Comín, catedrático en la Universidad de Alcalá de Henares, lleva años estudiando la evolución de la deuda pública. Ha reconstruido la relación entre esta y el PIB en una serie histórica que arranca en 1850. Según esta retrospectiva (que se aproxima mucho a la que el FMI publicó hace unos años) la ratio más elevada se alcanzó en 1879, con el 165%. Tras una curva descendente, en 1901 alcanzó el 123,9%. Retomó las bajadas. Y en 1909, por última vez hasta ahora, estuvo sobre el 100%.

Es cierto que el nivel actual es el mismo que en 1909. Pero en realidad, la diferencia es que aquel año España estaba saliendo de una crisis. Era un momento en el que estaba bajando la deuda. Ahora está subiendo. La situación actual, se parece más a la de 1868 y 1896, momentos donde la deuda comenzó a subir con fuerza. Fue por las guerras de Cuba.

Para una economía como la española, un nivel de deuda sobre el PIB del 60% preocupa. Más del 90%, es alarmante. Así que el 101,03 %, con un déficit del 5%, es para temblar. La crisis de deuda no se ha acabado, diga lo que diga el Gobierno.

Para poder hablar de la «peligrosidad» de estos niveles de deuda pública, es necesario atender a sus plazos y vencimientos. El grueso de la deuda en manos de las administraciones públicas se encuentra en valores a medio y largo plazo, que suponen más de dos tercios de la deuda total y explican la mayor parte del aumento del endeudamiento público en valores absolutos en el tercer mes del año.

Esta deuda a medio y largo plazo aumentó en 14.893 millones de euros respecto al mes anterior, hasta los 812.680 millones de euros, mientras que en tasa interanual el crecimiento fue del 6,8%. En relación al cierre de 2015, estos créditos experimentaron un repunte del 2,5%.

En lo que respecta a la deuda con vencimiento a corto plazo, ésta descendió en marzo en 651 millones de euros, hasta los 81.893 millones. En el último año, los valores a corto plazo en manos de las administraciones públicas han aumentado, con un alza del 8,9%.

Los déficits desmesurados y los épicos rescates bancarios pueden ser útiles para combatir una caída, ¿pero cuál es el impacto macroeconómico en el largo plazo de los mayores niveles de deuda pública, especialmente cuando la población envejece y aumentan los costes de la Seguridad Social? El gran peligro para un país con un nivel de deuda por encima del 90 % del PIB, es, casi siempre, una caída importante de las tasas de crecimiento.

Además un alto endeudamiento público por otro lado puede generar una desconfianza fuerte por parte de las agencias de rating sobre el tipo de calificación crediticia; además de que desde la Unión Europea es un dato muy regulado ya que fue uno de los acuerdos firmados en el Tratado de Maastrich para la convergencia de las economías europeas.

Es difícil fijar el momento en que un país ya no podrá aumentar su deuda y sabemos cómo fueron criticados Rogoff y Reinhart (los pobres) cuando intentaron fijar un nivel indicativo, pero para muchos economistas, un nivel de deuda por encima del 60 o 70% del PIB, empieza a ser muy preocupante.

Aunque España ha reducido su aumento de déficit público, su deuda sigue subiendo y este camino no se podrá continuar «ad infinitum». En algún momento los mercados financieros, que son los que tienen que financiar esta deuda, dirán ¡Basta!, que será cuando exigirán mucho mayor coste financiero.

Bruselas cree que si España cumpliera con sus recomendaciones para cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la deuda pública española bajaría de forma mucho más rápida y se situaría en el 75% del PIB en 2026. Sin embargo, advierte, esto obligaría a registrar un superávit fiscal primario (que excluye el pago de intereses y excluye ingresos y gastos vinculados al ciclo económico) del 2,6% del PIB. De media, según la Comisión 2,5 puntos porcentuales más que el escenario previsto actualmente entre 2017 y 2026. Traducido en términos absolutos: al menos 25.000 millones de euros en ajustes estructurales en 2017. ¡Casi nada!

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