La Fundación CAM, acusación particular en el proceso abierto por el cobro por parte el expresidente de la caja Modesto Crespo de 600.000 euros en apenas dos años, no tiene duda de que el empresario ilicitano se embolsó esta cantidad sin realizar ninguna actividad a cambio. Algo que unido al carácter retroactivo con que percibió una parte lleva a considerar «sobradamente acreditada la comisión delictiva, cuanto menos de forma indiciaria», afirma en alusión a Crespo.
Así se lo ha hecho saber la heredera de la Obra Social de la caja de ahorros al instructor de este proceso, el magistrado Alejandro González Mariscal de Gante, a través de un escrito en el que reitera que no se opone al sobreseimiento solicitado por el resto de los investigados y ahora ya acusados por el fiscal: el exdirector general Roberto López Abad (para quien pide cuatro años de cárcel, los mismos que a Crespo) y los 19 miembros del consejo de administración de la CAM (a quienes reclama penas de dos y tres años) que dio luz verde tanto al nombramiento de Crespo al frente de la participada Tinser Cartera como al abono, en concepto de dietas, de 300.000 euros al año.
Más por la parte que por el todo
Destacan los representantes legales de la Fundación el hecho de que el empresario ilicitano llegara a cobrar por estar en Tinser «más de 20 veces más» de lo que percibía por presidir la CAM, «20 veces más por presidir la parte que el todo», recalcan. A ello añaden que el anterior administrador de la participada no recibiera remuneración alguna (salvo su sueldo en la CAM) por el mismo concepto por el que se le pagó a Crespo y que al también expresidente de Coepa «nunca se le viera realizar ninguna labor al frente de la empresa».
Sin otorgarle a López Abad el papel de ideólogo de estos pagos que le da el juez ni el de inductor o cooperador necesario del que le acusa el fiscal, los abogados de la acusación particular sí dan carta de naturaleza a los testimonios de la mayoría de los consejeros que apuntaban a la manipulación del acta de la reunión en la que se aprobó el nombramiento de Crespo para introducir con posterioridad la remuneración y el carácter retroactivo de parte de los 600.000 euros que se llevó. Una presunta falsedad a la que aludieron la mayoría de los consejeros en sus declaraciones ante el primer instructor de la causa, el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. Y citan, entre otros, el caso del sindicalista Manuel Navarro (quien aseguró que de haberlo sabido se habría opuesto a estos pagos) o el de Benito José Nemesio (que soltó un expresivo «habría sido el acabose»).
Tampoco se olvida de citar la Fundación que en en el acta de la comisión de retribuciones, donde se le dio el primer visto bueno a estos pagos, no se hacía constar la retroactividad de los pagos que sí aparecía después en la denominada «preacta», pero en la que, precisan, «el espacio correspondiente a la cuantía de la retribución estaba en blanco».
Con todo, de lo que esta acusación particular no parece tener duda es de que Crespo «sí conocía que el cobro de sus dietas fue aprobrado por él mismo con carácter retroactivo y por importe de 300.000 euros anuales dado que efectivamente cobró las cantidades».
