Sin piedad ha arremetido la práctica totalidad de los exconsejeros de la CAM acusados por las dietas que cobró el expresidente Modesto Crespo contra el auto del magistrado Alejandro González Mariscal de Gante que les acerca al banquillo de los acusados para responder de los cargos de apropiación indebida agravada o, alternativamente, de administración desleal que sostiene la Fiscalía Anticorrupción.
El instructor acordó a principios de mes lo que vendría a ser el procesamiento de Crespo, del exdirector general Roberto López Abad y de 19 exconsejeros de la caja por haber dato luz verde a una propuesta que permitió al empresario ilicitano embolsarse 600.000 euros en apenas dos años sin hacer nada a cambio. Las penas que se solicitan para los acusados van de los dos años de prisión para los entonces consejeros, a los tres para los miembros de la comisión de retribuciones y cuatro en el caso de Crespo y López Abad, de quien el fiscal afirma que ideó el «plan» para efectuar los cobros.
Ricard Sala, letrado de quien fuera vicepresidente de la caja Armando Sala, sostiene en su recurso contra el auto del magistrado que es la junta de accionistas de Tinser Cartera (a cuyo frente se colocó al empresario ilicitano al mismo tiempo que le se asignaron las dietas) quien «jurídicamente toma la decisión de aprobar las retribuciones» y que «resulta muy difícil sostener que los miembros del consejo de administración de otra sociedad, cual era la CAM, tuvieran algún tipo de responsabilidad respecto a las decisiones que concernían a Tinser», una mercantil participada al 100% por la caja. El abogado insiste en que «los administradores de la CAM nunca pueden ser responsables de los acuerdos adoptados por la junta de socios de una empresa distinta ni por las decisiones que adopte el consejo de administración de otra, en ese caso Tinser Cartera». Tampoco comparte la defensa de Sala los argumentos del juez para sobreseer las actuaciones para el letrado de la CAM Juan Martínez-Abarca, quien fue llamado al procedimiento ante las declaraciones de los consejeros que apuntaban a que el acta se había falseado (para introducir con posterioridad a la reunión del consejo el asunto de las dietas) al entender que el instructor «está prejuzgando un elemento capital dentro del debate que mantienen las defensas».
Por su parte, el representante legal del secretario del consejo, José Forner, defiende la legalidad del cobro de dietas de empresas participadas por parte del presidente. Mercantiles que, asevera, tenían plena competencia para acordar la percepción de las mismas.
Otro de los acusados, como el sindicalista del Sicam Manuel Navarro, sostiene que al consejo donde se afirma que se aprobaron los pagos a Crespo nunca se llevó esa cuestión por lo que, precisa su abogado, «no existe dolo (...) ni deslealtad alguna en la administración del patrimonio social». También coincide con los recurrentes que afirman que fue Tinser y no la CAM la que acordó abonar las retribuciones y la que al final acabó pagando. Luego si Navarro no era miembro de la participada no pudo cometer el delito de apropiación indebida, concluye su defensa.
