Ciudadanos con nombres asiáticos, anglosajones y de países del Este están detrás de la mayoría de las conexiones alicantinas que aparecen en la base de datos que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación acaba de abrir al público con los denominados papeles de Panamá y los del escándalo Offshore Leaks, que saltó a la luz hace un par de años. Unos documentos que contienen información sobre más de 320.000 sociedades ubicadas en distintos paraísos fiscales y también sobre sus accionistas y sus gestores.

Al respecto, según esta documentación, hasta una veintena de propietarios o de beneficiarios de este tipo de compañías tienen su domicilio en distintos municipios de la provincia, en algunos casos coincidiendo con la sede de un despacho de abogados, lo que indica que se trataría de direcciones meramente instrumentales. Así ocurre, por ejemplo, con el beneficiario de la sociedad FXCO Ltd -una firma que tuvo su sede en la isla caribeña de Anguila hasta que quebró-, que puso en la documentación como domicilio la antigua sede de un despacho legal junto a la plaza de Luceros de Alicante.

En otro de los casos es el propio abogado, especializado en derecho internacional, el que aparece como accionista y responsable de dos firmas en las Islas Vírgenes, aunque el afectado niega cualquier relación con las mismas y asegura que ya denunció hace tres años a las autoridades de este territorio que se había usurpado su identidad. El letrado señala la posible existencia de intermediarios que comercializan paquetes completos que incluyen la sociedad y un administrador fantasma, que se habrían aprovechado de su nombre.

Municipios

Por municipios, es Alicante el que más direcciones vinculadas con titulares de sociedades «offshore» acumula, con un total de cinco; seguida por Torrevieja, donde supuestamente tienen fijada su residencia otros tres beneficiarios; y Benidorm, Altea y Xàbia, donde aparecen dos direcciones en cada una de esta poblaciones. Una hay en Santa Pola, Orba, Calp, Moraira, Elche y l'Alfàs del Pi.

Llama la atención el reparto de nacionalidades que se produce ya que, por ejemplo, en el municipio de la Vega Baja los apellidos más frecuentes son de países del Este, mientras que en Benidorm son nombres anglosajones. También resulta cuanto menos sorprendente el caso de un domicilio de Moraira donde, según los papeles de Panamá, residen hasta nueve ciudadanos de origen chino, todos ellos accionistas de la sociedad Orbus Neich Medical Company, radicada en las Islas Vírgenes.

Otra de las sociedades a destacar es Castellans Jávea, S. A., con sede social en Xàbia, dedicada a actividades inmobiliarias y que quebró en enero de 2015. La Agencia Tributaria utilizó los boletines oficiales para comunicar a esta mercantil irregularidades fiscales. En la carretera del cabo de la Nao, 71-6, también en Xàbia, aparece domiciliado Mr. Fabrizio Rizzi, quien también recurrió al despacho de Panamá Mossack Fonseca, informa A. P. F.

Hasta tres domicilios -los dos de Benidorm y el de Elche- aparecen ligados a la misma sociedad, Accelonic Ltd, que diversas informaciones publicadas a raíz de la divulgación de los papeles de Panamá relacionan con Slobodan Andjic, un lugarteniente del expresidente yugoslavo juzgado por crímenes contra la humanidad Slobodan Milosevic. En dichas informaciones también se apunta que la mayoría de los accionistas de esta firma desconocían este hecho.

Acciones al portador

En varios de los casos resulta imposible conocer la identidad o cualquier tipo de dato de los propietarios de compañías «offshore» que residen en la provincia ya que sólo aparecen como «the bearer», es decir, el portador. Y es que una de las ventajas que ofrecen algunos paraísos fiscales como las Seychelles es la posibilidad de emitir «acciones al portador» («bearer shares», en inglés), lo que facilita disipar el rastro de la propiedad real de la compañía.

En cualquier caso, como destacan desde el propio Consorcio de Periodistas de Investigación que ha filtrado todos los documentos, la tenencia de una compañía radicada en un paraíso fiscal no supone ninguna ilegalidad en sí misma, siempre que sus propietarios cumplan con la legislación de sus respectivos países de residencia. El problema es que, con frecuencia, este tipo de compañías se utiliza para evadir impuestos o para ocultar y blanquear el dinero procedente de actividades ilícitas. La información de los papeles de Panamá procede de una filtración de los archivos del bufete Mossack Fonseca, que gestionó la creación de miles de estas sociedades.