En 18 meses ha pedido el fiscal Luis Rodríguez Sol que se amplíe la instrucción del proceso en el que desde hace casi cuatro años se investiga en la Audiencia Nacional los negocios que los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó montaron en el Caribe mexicano con financiación de la CAM. Una de las piezas abiertas por la gestión de la caja de ahorros y que, en virtud de los cambios introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, prescribiría el próximo 6 de junio de no declararse causa compleja, lo que conlleva la ampliación del tiempo para investigar en 18 meses prorrogables a otros tantos en el supuesto de que fuera preciso.
El fiscal ya ha realizado el planteamiento del que ahora la instructora del proceso, la magistrada Carmen Lamela, dará traslado a las partes para que se pronuncien al respecto.
La prórroga de la investigación que, casi con toda seguridad, va a acordar la magistrada se produce cuando los empresarios acaban de regresar de un viaje de diez días México que Lamela permitió que realizaran a principios del pasado mes, cuando les devolvió por ese tiempo los pasaportes que tienen retirados desde diciembre de 2013.
Los empresarios aparecen también como investigados en otro proceso que instruye la misma juez sobre los negocios que llevaron a cabo en el Caribe, pero en esta ocasión con financiación de Bancaja. Un procedimiento por el que fueron detenidos a principios de julio del pasado año y que les mantuvo en prisión desde esa fecha hasta finales de octubre, cuando pudieron abandonar la cárcel de Soto del Real tras pagar en apenas 48 horas los doce millones que, en total, les impuso el juez como fianza.
En esta misma pieza los empresarios tienen fijado otro aval de 628 millones de euros cada uno en concepto de responsabilidad civil para garantizar que, en caso de condena, puedan hacer frente a las posibles responsabilidad civiles que se deriven.
Las dificultades que para ingresar estas cantidades aseguraron los empresarios que arrastraban (por tener embargadas las cuentas en el proceso de Valfensal, adujeron) y la rapidez con que hicieron frente a los doce millones para recuperar su libertad hizo que la magistrada encargara un informe a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que concluyó que los hoteleros disponen de capacidad financiera suficiente para cubrir la medida impuesta por el juzgado.
