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Ofensiva de las «rent a car» contra las web de alquiler de coches entre particulares

La patronal del sector denuncia el «intrusismo» de plataformas como Drivy o SocialCar

Las 'rent a car' cargan contra las web de alquiler entre particulares

El crecimiento de la denominada economía colaborativa vuelve a chocar con los intereses del sector turístico tradicional. Si primero fueron los taxistas quienes se opusieron a la entrada de Uber en España, y desde el sector hotelero han entablado una auténtica guerra contra la proliferación de webs de apartamentos del tipo Airbnb, ahora son las empresas de alquiler de automóviles -las conocidas como «rent a car»- las que han emprendido las primeras acciones para frenar el avance de las nuevas plataformas que permiten el arrendamiento de vehículos entre particulares.

Un negocio que ha empezado a despuntar en la provincia de Alicante y en el resto de la Comunidad en el último año -en Madrid y Barcelona llevan algo más de tiempo funcionando- y que, como en los casos anteriores, no tiene nada claros sus límites ante la falta de una regulación específica.

En concreto, la Asociación Empresarial de la Comunidad Valenciana de Vehículos de Alquiler (Aecoval), que agrupa a las principales firmas del sector, presentó el pasado febrero sendos escritos ante las direcciones generales de Consumo y de Transportes de la Generalitat, y ante la Agencia Tributaria para denunciar el «intrusismo» que, a su juicio, supone el funcionamiento de Drivy y Social Car, las dos mayores plataformas de este tipo que operan en España. Además, este mismo mes ha remitido otra comunicación a las jefaturas provinciales de Tráfico de Alicante, Castellón y Valencia para que aclaren si es legal la utilización de automóviles particulares con estos fines y actúen en consecuencia.

En este sentido, el presidente de Aecoval, Mauro Derqui, recuerda que, desde la aprobación de la denominada Ley Ómnibus de 2009, el sector del alquiler de vehículos «está liberalizado pero, aún así, las compañías deben cumplir una normativa muy exigente». Así, en el permiso de circulación de los vehículos debe constar que se destinan al alquiler, lo que implica, por ejemplo, revisiones de ITV mucho más frecuentes que los particulares.

Además, también recuerdan que cualquier persona que realice una actividad económica debe darse de alta en el censo de Hacienda y pagar sus correspondientes tributos, principalmente el IVA. Condiciones que, según Derqui, no cumplen la mayoría de quienes se anuncian en estas plataformas. Al respecto, el presidente de Aecoval asegura que no se oponen a la existencia de este tipo de webs «pero queremos que se regule y se aclare la situación, y que compitamos todos en igualdad de condiciones». El propio Derqui reconoce que, por el momento, la incidencia de esta plataformas es bastante reducida «aunque crece de forma exponencial», lo que lleva a los empresarios a temer una evolución similar a la que han experimentado las webs de alquiler de apartamentos.

Precios más bajos

El funcionamiento de este tipo de plataformas es el mismo que el de otros negocios colaborativos: los propietarios interesados en alquilar su automóvil rellenan una ficha online, señalan los días que el vehículo estará disponible y fijan un precio. Cuando reciben una oferta son ellos mismos los que se encargan firmar el acuerdo con el arrendatario, y de entregar y recoger el coche. La web se limita a hacer de soporte para el anuncio a cambio de una comisión y de ofrecer un seguro. El resultado, según sus promotores, son unos precios entre un 30% y 50% más bajos que los de una empresa de alquiler al uso.

Los responsables de Social Car y de Drivy defienden la legalidad de todo el proceso, aunque admiten que la legislación actual resulta «insuficiente» y también reclaman más claridad. Por ejemplo, con el tema del permiso de circulación de los vehículos. «El problema es que la legislación española no contempla ningún modelo híbrido, tienes que declararlo de uso particular o para alquiler. No prevé casos como el nuestro, donde hay un alquiler sólo ocasional», apunta el responsable de Drivy en España, Jaume Suñol. «Se podría, en todo caso, hablar de falta de regulación pero nunca de ilegalidad», insiste, por su parte, la CEO de Social Car, Mar Alarcón.

En cualquier caso, una de las cosas en que coinciden ambas plataformas es en el hecho de que no quieren convertirse en un medio de vida para sus usuarios. «Se trata de compartir el vehículo de forma ocasional, de sacarle provecho cuando no lo utilizas», apunta Alarcón quien, por tanto, no cree que sea necesario que los propietarios se den de alta en la Seguridad Social. «Es sólo una ayuda para cubrir los gastos que te ocasiona el tener el coche», señala también el responsable de Drivy en España. Otra cosa es el IVA. «Dejamos siempre claro a los usuarios que deben declarar lo que ingresan y las facturas se emiten con este impuesto, pero luego ya depende de cada uno», señala Alarcón. Según sus propios datos, Social Car tiene unos 3.000 vehículos publicados en España y Drivy suma otro millar.

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