La crisis ha tenido un efecto devastador para la sociedad española y singularmente para la clase media. Tan es así que tres millones de personas cuyos ingresos les situaban en ese tramo social antes de la recesión «se han desplazado de la zona central a la parte baja de la distribución de la renta», según el informe publicado ayer por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) sobre la «Distribución de la renta, crisis económica y políticas redistributivas» que ha dirigido el catedrático de la Universitat de València, Francisco Goerlich.

Hace una década, el 59% de la población pertenecía a familias situadas en niveles de renta intermedios, frente al 31% de los situados en las rentas inferiores Ahora, el porcentaje encuadrado en la clase media ha bajado al 52%, mientras que el de la clase baja ha aumentado hasta el 39%. El 10% restante se ha mantenido casi inalterado y corresponde, claro, a la clase más adinerada.

El informe subraya que «buena parte del empeoramiento en la distribución de la renta tiene su origen en las muy distintas oportunidades en el mercado de trabajo». La pérdida del empleo, la proliferación de contratos a tiempo parcial y el aumento del trabajo autónomo son factores que han contribuido a una general reducción de los ingresos, especialmente en los hogares con niveles más bajos.

Políticas públicas

Ahora bien, el informe «demuestra que la desigualdad se reduce sustancialmente tras tener en cuenta el impacto redistributivo de las políticas públicas». La reducción, en concreto, llega al 45,7%. Los resultados del estudio ponen de manifiesto que los efectos redistributivos de las políticas de las administraciones se producen mucho más por el lado de los gastos (transferencias monetarias y servicios públicos gratuitos) que por el de los ingresos (impuestos directos). Así, la mayor reducción de la desigualdad se debe al sistema de pensiones, que en 2013 representaba un 46% del efecto total, porque «suponen un volumen de gasto muy elevado y ofrecen ingresos a muchos hogares cuyos miembros no tienen actividad laboral». La segunda política de gasto en importancia es la de los servicios públicos, que contribuyen con un 27%: quince puntos corresponden a la sanidad y los doce restantes a la educación. La fiscalidad solo corrige un 8% la desigualdad.