Los años de bonanza fueron época de excesos. Auspiciados por el crédito bancario y la euforia generalizada, muchos particulares -familias y autónomos- entraron en una rueda de consumismo, en ocasiones por encima de sus posibilidades, que se detuvo en seco con la crisis y dejó a una parte considerable de esas personas sin ingresos para hacer frente a sus deudas.

Cayeron en los impagos y, después, en el embargo. Manuel Fores, director comercial de Reparatudeuda -compañía especializada en aplicar online la llamada ley de segunda oportunidad para la cancelación de deudas- asegura que, según los datos de la firma, en España hay unos dos millones de personas bloqueadas por los bancos y que unas 200.000 viven en la Comunidad. Esta ley entró en vigor en septiembre y regula el acceso de las personas físicas al concurso de acreedores, hasta ese momento, como explica Fores, exclusivo de las empresas. «Antes la persona sólo tenía la posibilidad de negociar con el banco, si es que podía, mientras que esta nueva legislación le ampara como a los empresarios», asegura, antes de añadir que ahora «casi el 100% de los afectados se salva» de tener que hacer frente a sus deudas, mediante la reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, aunque sólo se pueden acoger a la ley si el importe de las mismas no supera los cinco millones y prueban que no tienen ingresos ni patrimonio para devolver el dinero prestado.

Fores afirma que el 70% de los valencianos inmersos en esta pesadilla son familias con exceso de crédito bancario obtenido cuando había «trabajo y dinero». Pero con la crisis, «perdieron el empleo o vieron cómo sus salarios se reducían y se encontraron con que no podían hacer frente a lo que adeudaban» por hipotecas de casas, compra de coches o préstamos domésticos. El 30% restante es «gente que montó un negocio» y que, con la recesión, «las ventas se redujeron drásticamente o tuvieron que cerrar y se encuentran ahora embargados».