04 de mayo de 2016
04.05.2016

¿Qué es el TTIP y cómo afecta a la economía de Alicante? Pros y contras del tratado

Los sectores exportadores de la provincia, como el calzado, el mármol o la agricultura, los más beneficiados

04.05.2016 | 11:25
¿Qué es el TTIP y cómo afecta a la economía de Alicante? Pros y contras del tratado

La supresión de barreras entre Estados Unidos y la UE potenciaría el comercio internacional. Los opositores al acuerdo denuncian la merma de garantías para los consumidores.

La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) pretende constituir la mayor zona de libre comercio del mundo, que englobaría a los Estados Unidos y la Unión Europea. Una zona con más de 800 millones de habitantes y que genera más del 60% del PIB mundial. El acuerdo pretende ir más allá de la simple supresión de aranceles y quiere favorecer la armonización de la legislación económica de ambas zonas, de forma que los intercambios resulten aún más fáciles. Se quiere incidir sobre todo en la legislación de sectores considerados estratégicos como los productos químicos, los cosméticos, los fármacos, los plaguicidas, las nuevas tecnologías, el textil o el automóvil.

Casi tres años después de su inicio, las negociaciones para crear la mayor área de libre comercio del mundo entre la Unión Europea y Estados Unidos atraviesan uno de sus momentos más delicados. Las filtraciones de los últimos días evidencian las diferencias casi insalvables que mantienen ambos bloques en asuntos como los cultivos transgénicos, las garantías sanitarias o la protección a los consumidores, y los propios negociadores reconocen que no se ha logrado avanzar en ninguno de los temas que ocasionan más controversia. Ayer mismo el secretario de Estado francés del Comercio Exterior, Matthias Fekl, reconocía que la opción más probable era el cese de las conversaciones y el propio François Hollande señalaba que su país, uno de los pilares de la UE, rechazaría el acuerdo en los términos en que se plantea actualmente.

Pero, ¿cómo afectaría a la economía alicantina el TTIP (el tratado para la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, por sus siglas en inglés)? ¿Qué sectores apoyan su firma y quiénes consideran perjudicial?

A FAVOR
Las organizaciones empresariales –especialmente, las de sectores exportadores– se muestran claramente favorables a la creación de una zona de libre comercio con la que, según afirman, tendrían más fácil introducir sus productos en el mayor mercado mundial. El país norteamericano ya es a día de hoy el sexto cliente extranjero de los industriales alicantinos, con más de 270 millones de euros en ventas durante el año pasado, cuando las exportaciones a este destino se dispararon un 29%. Así, desde la Cámara de Comercio de Alicante –con toda la precaución que supone el desconocer la letra pequeña del acuerdo– destacan los beneficios que el TTIP generaría, por ejemplo, en la agricultura, cuyos productos soportan ahora un arancel de hasta el 25% para entrar en este país. «Podríamos competir en condiciones mucho mejores», señalan desde la institución presidida por José Enrique Garrigós.

Lo mismo vale para el textil, el mármol o el calzado, que pagan entre un 16% y un 30%, según las mismas fuentes. Además, desde la Cámara sostienen que serían las pymes las más beneficiadas por la eliminación de «barreras» ya que, como recuerdan, «las grandes multinacionales ya están operando en esos y otros países del mundo y que estos acuerdos no les afectan porque ellos ya cuentan con delegaciones, consultoras o grandes despachos de abogados que les realizan todas las gestiones».

El mayor importador de calzado
Sin lugar a dudas, a día de hoy los más interesados en la provincia en que se alcanzara un acuerdo son los fabricantes de calzado. Estados Unidos ya supone su sexto mercado en el exterior, con una facturación de 118 millones de euros durante el año pasado, y, además, queda mucho recorrido. No en vano, como señala la presidenta de la patronal del ramo (Avecal), Marián Cano, el país de Obama «es el mayor importador de zapatos del mundo» y es el destino donde el precio medio del par exportado desde Alicante es más caro, con 43,58 euros. «Estados Unidos va a seguir firmando este tipo de acuerdos con otros países aunque la UE lo rechace y eso puede suponer que nuestros competidores tengan ventaja», añade la representante sectorial.

También se muestra totalmente favorable a la supresión de barreras comerciales el presidente de la asociación Mármoles de Alicante, Juan Antonio Santo, el segundo sector alicantino que más exporta a este país, con más de 22 millones de euros el año pasado. «El mercado potencial es muy grande. Es un país de 300 millones de habitantes con una clase media con elevadas posibilidades de consumo», apunta el empresario. Además de la posible supresión o reducción de aranceles, tanto Juan Antonio Santo, como Marián Cano destacan que uno de los aspectos más interesantes del TTIP sería la unificación de las legislaciones, que evitaría tener que pasar los mismos procesos de verificación dos veces para operar en Estados Unidos y la UE.

Eso es, precisamente, lo que echan en falta en el caso del juguete, donde ya tienen claro que han quedado excluidos de esta posible homologación de la normativa. «Para nosotros va a ser una oportunidad perdida porque es lo que más nos habría beneficiado pero, al tratarse de productos destinados a niños, por lo que nos ha llegado desde Bruselas, no han querido entrar», explica la secretaria técnica de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, Cristina Miró.

Las dudas de la agricultura
Entre los apoyos al TTIP en la provincia también se cuenta Asaja Alicante, que recuerda que los productos alimentarios son los que más trabas sufren en estos momentos para entrar en el mercado norteamericano, por el tradicional proteccionismo de este país. «Los protocolos son muy rigurosos y no es fácil introducirse», explica el secretario técnico de la organización, Ramón Espinosa, quien destaca las posibilidades que se abrirían con una armonización de las normativas sobre fitosanitarios y otros aspectos de seguridad alimentaria. Eso sí, desde Asaja rechazan cualquier relajación de la legislación europea contra los cultivos transgénicos.

EN CONTRA
Precisamente las presiones de Estados Unidos para que Europa acepte los transgénicos es el ejemplo recurrente que citan los que se oponen al tratado –principalmente, grupos conservacionistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción, o los sindicatos UGT y CC OO, entre otros–, para quienes la armonización que pretende el acuerdo supondrá, en realidad, una «equiparación a la baja, una desregulación de muchos sectores y una merma de las garantías para los consumidores», según Carlos Arribas, miembro de la Plataforma No al TTIP de Alicante. Arribas recuerda, por ejemplo, que Estados Unidos se opone a la figura de la denominación de origen, lo que dejaría al turrón de Jijona y Alicante sin la protección de la que goza actualmente.

Igualmente, también asegura que la agricultura y la ganadería locales tendrían muy complicado competir con la potente industria agroalimentaria estadounidense que, por ejemplo, no tiene obligación de alertar en el etiquetado sobre el uso de transgénicos en la elaboración de sus productos y cuenta con una regulación distinta sobre el uso de pesticidas y otros productos químicos. Por no hablar de las presiones para que la UE abandone el denominado «principio de precaución», que señala que un producto no puede comercializarse hasta que no demuestre su inocuidad.

Pero sobre todo, Arribas llama la atención sobre el enorme poder que ganarán las grandes corporaciones con este acuerdo, especialmente si se impone el mecanismo de arbitraje previsto para resolver disputas, que permitiría a las grandes empresas denunciar a los países si consideran que se coarta alguno de los apartados del informe.

En la misma línea, el responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, Juan José Noguera, alerta de que el TTIP incluso podría condicionar la legislación laboral, ya que, en pro de la citada armonización, uno de sus apartados obliga a consultar con la otra parte antes de realizar modificaciones en las normativas que puedan afectar a cualquiera de los ámbitos del tratado. «Se podrían oponer, por ejemplo, a la subida del salario mínimo», asegura Noguera. La realidad está todavía por ver ya que otra de las críticas es el secretismo de las negociaciones, lo que impide realizar un análisis más certero de sus consecuencias.

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