La Comisión Europea corrige a la baja los números del programa de estabilidad enviado por España la semana pasada a Bruselas para los próximos años y concluye que tampoco cumplirá en 2017 el objetivo de colocar el déficit por debajo del 3%, tal y como se comprometió. «En muchos Estados miembros se prevé que el déficit siga cayendo en 2016 y 2017. En la Eurozona, esperamos que sólo Francia (3,4%), España (3,9%) y Grecia (3,1%) sitúen su déficit por encima del 3% este año», anunció el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, en la presentación de las previsiones macroeconómicas de primavera.
El Ejecutivo comunitario prevé que España sume un 3,9% de déficit este año, tres décimas por encima del cálculo del Gobierno, y que sea del 3,1% en 2017, cuando Madrid espera haberlo rebajado al 2,9%. Ello contradice la posición defendida por el ministro de Economía, Luis de Guindos, que plantea que será suficiente un año de prórroga para recolocar las cuentas en las cifras comprometidas con la UE. Moscovici eludió pronunciarse sobre este pronóstico, pese a las preguntas sobre si es partidario de conceder uno o dos años extra al Gobierno para cumplir los objetivos. «Obviamente hay decisiones que tomar (...), pero abordaremos ese asunto a su debido tiempo», zanjó.
Por otra parte, la CE advirtió de los riesgos que para la economía suponen la incertidumbre política que atraviesa España ante la próxima repetición de elecciones y las medidas que tendrán que adoptarse para corregir su exceso de déficit, por el que el país puede ser sancionado.
«La cantidad de medidas necesarias para corregir el resbalón presupuestario registrado en 2015 se añade a los riesgos a la baja sobre el crecimiento que se derivan principalmente de la incertidumbre que rodea la formación de un nuevo gobierno», asegura la CE en sus previsiones macroeconómicas de primavera.
Los datos que contienen éstas empeoran los barajados por el Gobierno en funciones que preside Mariano Rajoy, en parámetros como el crecimiento, el déficit y el paro, y son la base sobre la que la Comisión tomará ahora su decisión sobre si multa o no a España por incumplir con su desvío fiscal.
