El balance de los daños provocados por el estallido de la burbuja inmobiliaria en la provincia no deja de crecer. Si durante años la Costa Blanca encabezó los ránkings de construcción y venta de viviendas en España, tras el hundimiento del sector Alicante se convirtió en una de las «zonas cero» del desastre y pasó a liderar, también, la lista de las demarcaciones del país con mayor número de embargos. Así, en total, desde el año 2007 las entidades financieras ya han solicitado casi 52.000 ejecuciones hipotecarias en la provincia, una cifra que sólo superan Barcelona, donde se practicaron hasta 80.764 embargos en el mismo periodo, y Madrid, con 68.759, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial.
Por detrás quedan Valencia, con 50.614 ejecuciones en los últimos nueve años, o provincias que también tuvieron un auge importante de su sector inmobiliario durante los años de bonanza, como son Murcia y Málaga, donde se formalizaron 34.406 y 31.161 embargos, respectivamente.
En cualquier caso, un volumen de activos enorme que ha obligado a los bancos a emplearse a fondo para tratar de evacuar de sus balances todos estos inmuebles, lo que también ha provocado que Alicante fuera una de las provincias donde más rápidamente cayeron los precios.
En este sentido, desde el sector financiero destacan las especiales características del negocio del ladrillo en la provincia, con un porcentaje más que notable de segundas residencias, cuyas hipotecas «son las primeras que se dejan de pagar cuando llegan los problemas económicos», según apuntan desde una de las entidades consultadas. A ello hay que añadir la gran presencia de extranjeros, acostumbrados en sus países a una legislación que permite la dación en pago para saldar las deudas.
De esta forma, no ha resultado nada extraño durante estos últimos años ver aparecer por las sucursales a clientes extranjeros con las llaves en la mano para entregar la casa u otros que, simplemente, han regresado a sus países, dejando la hipoteca sin pagar, según relatan desde otra entidad.
El problema del paro
En cuanto a los embargos de viviendas habituales, el perfil más común es el de aquellas familias en las que uno o ambos progenitores han perdido su empleo como consecuencia de la crisis, o el de personas solas que se han visto en la misma situación y no han podido continuar con el pago de las cuotas mensuales. Un problema especialmente grave para los que adquirieron sus viviendas durante los años del «boom», cuando las casas eran más caras y, por tanto, también las hipotecas que se contrataron fueron más elevadas. Así, a nivel nacional, hasta la mitad de los embargos registrados durante el año pasado fueron de viviendas adquiridas entre los años 2005 y 2007, según el Instituto Nacional de Estadística.
No obstante, también es de destacar la importante evolución que se ha producido en la actitud de los bancos hacia estos casos, a medida que la crisis avanzaba y, sobre todo, conforme aumentaba la presión social gracias a los movimiento antidesahucios. La mayoría de las entidades han puesto en marcha en este tiempo equipos especializados, que tratan de buscar alternativas a los afectados para evitar que se repitan las imágenes de la policía desalojando a familias desamparadas. Así, por ejemplo, sólo el Sabadell ha gestionado más de 1.000 alquileres sociales en la provincia y ha aceptado cerca de 2.000 daciones en pago desde el año 2013.
Sin embargo, desde las Plataformas de Afectados por la Hipoteca aseguran que la mayoría de bancos aún «ponen muchas pegas» para aceptar estas daciones en pago, «por lo que muchas familias siguen arrastrando una deuda que supone su muerte civil», según una de sus portavoces, Celeste Recalde. Además, también denuncia la «racanería» de las entidades a la hora de ceder viviendas a los servicios sociales de los ayuntamientos o la Generalitat, lo que está elevando la cifra de ocupaciones.
Además, a pesar de la mejora económica, el número de embargos sigue siendo notable, ya que el año pasado todavía se cerró con más 5.000 ejecuciones hipotecarias en la provincia, el doble de las que se registraban antes de la crisis.
