El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) presentará sus conclusiones sobre la retroactividad de las cláusulas suelo el 12 de julio, aunque se trata una opinión independiente y no vinculante para la posterior sentencia firme, que será publicada a finales de año. El TUE celebró ayer la vista oral sobre los tres asuntos prejudiciales acumulados sobre la retroactividad de las cláusulas suelo en España. Se debe dirimir si la devolución de cantidades por la existencia de cláusulas abusivas debe calcularse desde el 9 de mayo de 2013, fecha de la sentencia del Tribunal Supremo, o desde el inicio de cada contrato hipotecario.
En sus alegatos, los abogados de los afectados y los de las entidades financieras implicadas en estos tres asuntos (Cajasur, Banco Popular y BBVA) expusieron sus argumentos para defender sus posiciones, que principalmente han girado en torno a las implicaciones económicas que tendría decretar la retroactividad sin límite para las devoluciones de las cantidades cobradas por los bancos a sus consumidores.
La defensa de los afectados ha apuntado que la devolución de la totalidad de estos importes no supondría riesgos sistémicos para la economía española y que, además, podría facilitar el «cumplimiento correcto» de las obligaciones adquiridas por parte de los clientes con las propias entidades financieras. Así se pronunció Daniel Pineda, abogado de Francisco Gutiérrez en el asunto contra Cajasur. «Entendemos que el riesgo de trastornos graves no debe confundirse con la obligación de devolver una gran cantidad de dinero por el sistema bancario en su conjunto», añadió.
El letrado minimizó el potencial perjuicio de las devoluciones para las entidades de crédito al entender que «no se haría de forma inmediata», sino paulatina y durante años, «conforme a las sentencias de los juzgados vayan declarando abusivas las cláusulas suelo». Por su parte, el abogado del BBVA, Juan Rodríguez Cárcamo, apuntó que un informe del Banco de España cifra en entre 5.000 millones y 7.600 millones el importe de las devoluciones entre el inicio de los contratos con estas cláusulas y mayo de 2013, por lo que ha advertido de que «las consecuencias de la sentencia que se dicte son inmensas».
