La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve necesario un esfuerzo adicional de consolidación fiscal de unos 4.000 millones de euros para alcanzar en 2016 el déficit público del 3,6 % de PIB, según el Programa de Estabilidad, y la Comunidad Valenciana tendrá que hacer ajustes adicionales.

Según la evaluación de este programa publicada hoy por la AIReF, a los 2.000 millones de ajuste presupuestario del Estado anunciados por el Gobierno, se tendrán que sumar otros 2.000 millones de ajuste que entiende será fundamentalmente entre las comunidades autónomas, «dado que no hay medidas anunciadas para la Seguridad Social ni para las corporaciones locales».

Según la AIReF, el nuevo objetivo del 0,7 % del PIB para las autonomías en 2016 «no parece suficientemente ambicioso» y, a su juicio, debería situarse en el 0,6 % del PIB para «dotar de credibilidad» la meta del 3,6 % de déficit conjunto, aunque estableciendo «sendas claramente diferenciadas por comunidades autónomas».

Conforme a sus cálculos, hay ocho comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja) que, si ejecutan de forma rigurosa sus presupuestos vigentes, podrían situarse al cierre del ejercicio con un déficit inferior al 0,7 %.

Una décima de corrección

Por el contrario, los presupuestos de las nueve restantes (Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana) conducirían, según el organismo independiente, a un déficit de la administración regional del 0,8 % del PIB, por lo que sería necesario corregir una décima.

Para ello propone que sean estas nueve comunidades las que realicen el ajuste presupuestario mediante acuerdos de no disponibilidad (como el anunciado para el Estado) por un importe conjunto de 1.443 millones, si bien algunas tendrían un objetivo de déficit para 2016 superior al 0,7 % del PIB, de acuerdo con la recomendación de la AIReF de establecer metas diferenciadas.

En su informe, la Autoridad Fiscal considera que el crecimiento económico previsto del 2,7 % es probable que se cumpla y compatible con un objetivo de déficit del 3,6 % del PIB, aunque cree que el Gobierno debería concretar, en aras de una mayor credibilidad, los detalles del anunciado acuerdo de no disponibilidad de créditos por parte del Estado por importe de 2.000 millones.