Mantiene la magistrada Carmen Lamela que no hay motivo que induzca a pensar que en la emisión y comercialización de las cuotas participativas, a cuya investigación ha dado carpetazo, se cometió algún delito. Para la juez, las prácticas para la venta de estos valores descritas tanto por el letrado Diego de Ramón, que representa a cerca de un millar de afectados, como por Adicae en sus recursos contra el archivo «no van más allá de lo que constituye una campaña agresiva para la captación de clientes» y de «meras especulaciones sin base objetiva». Lamela entiende que los riesgos de este producto estaban claros y que «se hacía constar la necesidad de un test de conveniencia». Y mantiene su idea de que no es preciso hacer un muestreo de los clientes, una prueba cuya anulación está recurrida a la Audiencia. M. G.
