Las cinco empresas de turrón alicantinas de las seis multadas ayer por la Comisión Nacional de Mercado y Competencia (CNMC) por acordar repartirse el mercado de los principales distribuidores de turrones de marca blanca en España han anunciado que recurrirán la sanción de 6,12 millones que, en conjunto, ha impuesto el organismo estatal de Competencia. La mayor cuantía ha recaído en Sanchís Mira SA (Antiu Xixona), con 2.937.193 euros y la segunda de mayor importe, en Delaviuda Alimentación SA (Toledo), con 2.287.745 euros.

El resto de afectadas son las también jijonencas Almendra y Miel SA -de Confectionary Holding, grupo que lideran El Lobo y 1880-, a la que se sanciona con 271.893 euros; Turrones José Garrigós SA, con 250.055 euros; Turrones Picó SA, con 249.389 euros y a Enrique Garrigós Monerris, con 127.415 euros.

La mayoría de ellas ya avanzaron ayer a este diario que van a recurrir la resolución de Competencia ante la Audiencia Nacional, dado que ya no cabe alegar por la vía administrativa la resolución del expediente, iniciado en noviembre del año 2013 a raíz de una denuncia.

La CNMC considera que las seis empresas -que concentran el 58% del mercado del turrón en España, según Competencia- «se intercambiaron información estratégica sobre precios, clientes y otros datos comercialmente sensibles relativos al mercado de suministro de turrones, en particular de marca blanca o de distribuidor», señala en un comunicado el organismo, quien considera «acreditada una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia». Una práctica por la que las empresas habrían buscado «repartirse el mercado de las principales distribuidoras de turrones de marca blanca en España (Alcampo, Carrefour, Mercadona, Día, El Corte Inglés...) y garantizarse sus cuotas de mercado», añade la nota.

«Injusta y desproporcionada»

Sin embargo, las firmas afectadas rechazan de plano la resolución, que consideran «totalmente injusta» y la sanción «desproporcionada», según manifestaron desde Almendras y Miel, que también anunció la próxima presentación de un recurso. Esta empresa jijonenca, perteneciente al grupo de El Lobo y 1880, advierte, asimismo, en el comunicado en el que valora la decisión de Competencia de que « al parecer, ésta la comparten dos de los cinco consejeros que han adoptado la resolución».

Al igual que el resto de sancionadas, Almendra y Miel asegura que «siempre ha cumplido con la legalidad y desarrollado una estrategia comercial independiente».

La decisión de la CNMC alude a que los intercambios de información estratégica se realizaron entre abril de 2011 y noviembre de 2013, «con el conocimiento de altos directivos y responsables de distintas áreas de negocio de los fabricantes, según ha acreditado la CNMC». Al respecto, el organismo estatal alude a que «para ello, se concertaron reuniones presenciales, contactos bilaterales por teléfono e intercambiaron mensajes de correo electrónico y mensajería instantánea móvil», añade el comunicado.

Ayer, el fabricante al que mayor sanción se ha impuesto, Sanchís Mira, asegura que las «supuestas prácticas anticompetitivas de intercambio de información no se ha acreditado» y rechaza «de plano las acusaciones», por lo que impugnará la resolución en la Audiencia Nacional. En el mismo comunicado, este fabricante incide en que la decisión de Competencia no afecta a la dinámica habitual de la compañía, que desarrolla con normalidad su actividad, ni tampoco a su compromiso con la calidad y servicio a los clientes y consumidores de sus productos. Un extremo que reiteran el resto de turroneras afectadas.

Tampoco Turrones Picó se mostraba ayer conforme a la decisión e, igualmente, avanzaba que presentará un recurso, al igual que Enrique Garrigós Monerris. Fuentes cercanas a José Enrique Garrigós, socio accionista de la empresa y presidente de la Cámara de Comercio, indicaron que el empresario estaba «tranquilo, al haber cumplido siempre con la legalidad; y con la confianza de que el asunto sea sobreseído por la Audiencia Nacional, tras la presentación del recurso».

Tras conocer la decisión de la CNMC, la Unió de Llauradors reclama al organismo de Competencia que extienda la investigación a los fabricantes de turrón para comprobar si han podido «intercambiar información estratégica» y «pactar también los precios ofrecidos a los productores por su almendra» durante los últimos años.