El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, afirmó ayer que el aumento de 8 décimas en la previsión de déficit público para este año se repartirá entre la administración central y las comunidades autónomas, si bien ha añadido que la distribución no será al 50 %.

Antes de comparecer en el Congreso para informar del programa de estabilidad, De Guindos afirmó que la Comisión Europea ve «realista» el nuevo cuadro macroeconómico de España y ha subrayado que la previsión de crecimiento del PIB del 2,7 % para este año y del 2,4 % para 2017 está en línea con el consenso del mercado y de lo dicho por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Luis de Guindos justificó la relajación de las metas de déficit en la necesidad de evitar duros ajustes que traerían un «grave» impacto en el crecimiento económico y ha calificado de realistas y conservadoras las nuevas previsiones.

De esta forma, el déficit del conjunto de las administraciones públicas aumentaría ocho décimas este año y 1,5 puntos en 2017 respecto a los objetivos iniciales del 2,8 % y del 1,4 % del PIB, respectivamente.

El ministro en funciones ha explicado que la reducción del déficit para este año será posible gracias al PIB, al recorte del gasto de la Administración Central en 2.000 millones, y a las medidas para que las comunidades autónomas cumplan con los déficit marcados. Para 2017, De Guindos ha fiado la reducción del déficit a la contribución del ciclo económico y al crecimiento del PIB. De Guindos aseguró que la nueva senda de consolidación fiscal la concretó el sábado pasado, durante su participación en la Asamblea del FMI, con las autoridades europeas.

El vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, subrayó por su parte que no se ha tomado «ninguna decisión» sobre las medidas que se aplicarán después de que España haya vuelto a incumplir sus objetivos de reducción del déficit público. Dombrovskis, que dijo haber visto las informaciones en la prensa que apuntan a que España habría pactado con Bruselas obtener una nueva prórroga de uno o dos años para colocar su desvío por debajo del 3 % del PIB, indicó que hasta mayo no se tomará ninguna decisión y negó que se haya pactado nada concreto con el Gobierno español.