El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto por el que se prorroga un año el Programa de Activación para el Empleo (PAE), que contempla la ayuda de 426 euros mensuales para parados de larga duración con responsabilidades familiares, cuyo plazo expiraba ayer. En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, informó de que el Gobierno también ha aprobado mantener el programa de recualificación profesional de parados que agotan la prestación, conocido como programa Prepara, hasta que el paro no baje del 18%.

Báñez señaló que los potenciales beneficiaros de estas dos medidas asciende a 225.000 personas: 118.000 del plan especial de activación y 107.000 los estimados por la prórroga hasta el 18% del plan Prepara. En relación a la ayuda de 426 euros, que se puso en marcha el 15 de enero de 2015, la ministra informó de que, con real decreto aprobado, se prorroga hasta el 15 abril de 2017. La ministra valoró este programa como «eficaz» y señaló que, por ello, «es bueno que permanezca y el futuro el Gobierno pueda mejorarlo». Báñez reiteró que ha sido un plan «exitoso», que ha atendido a 161.583 desempleados de larga duración y 99.410 se han beneficiado de la prestación. Añadió que el 16% de los que han pasado por el programa (15.212) han sido insertados en el mercado laboral y en algunas comunidades autónomas el nivel de inserción ha alcanzado el 30%.

Una valoración que no comparten los sindicatos, que consideran que los requisitos para acceder a estas ayudas son demasiado exigentes. Así, CC OO y UGT emplazaron ayer al Gobierno a abordar, de manera inmediata, la modificación de los criterios de acceso al Programa de Activación del Empleo (PAE), de forma que se favorezca el acceso de más personas y se eliminen limitaciones.

En nota de prensa conjunta los sindicatos valoraron que el Gobierno haya prorrogado por un año el programa, pero recordaron la necesidad de «flexibilizar» algunos requisitos como la exigencia de que hayan transcurrido seis meses desde que se percibió la última prestación. Los sindicatos admitieron que hay requisitos esenciales, que no se pueden modificar, como las cargas familiares, el paro de larga duración o los relacionados con la renta.

Sin embargo y según UGT y CC OO, hay otros revisables como el tipo de prestación agotada que se exige. Los sindicatos también subrayaron que tras las valoraciones de las comunidades autónomas se ha visto que la ayuda del Programa de Activación del Empleo «colisiona» en algunos casos con la regulación de las rentas de inserción. Para CC OO y UGT, no modificar los requisitos puede derivar en una «restricción» que afectará negativamente al resultado de la prórroga. También plantearon que los servicios públicos de empleo contacten con los posibles beneficiarios para informarles.