Los acuerdos y las promesas escritas de acabar con daño tan brutal, no son más que mentiras que se convierten en papel mojado al no adoptarse medidas de acoso y derribo de los mal llamados paraísos fiscales sin adoptar represalias por albergar entidades financieras dedicadas a incubar la delincuencia y a poner en abrigo tal piratería, permitiéndoles abrir y conservar en cuentas «offshore» opacas un dinero sucio, cuyo origen, llegada o mantenimiento rezuma ilegalidad. Más grave es todavía que algunas entidades financieras se ubiquen en países de la Unión Europea, como Luxemburgo, en territorios coloniales o de ultramar del Reino Unido, o en un país del que la UE es su primer socio comercial, como Suiza.
El dinero sustraído huye, como si de la peste se tratara, de los factores de producción y de la estructura economía nacional en cuyo caldo de cultivo se generó. Los Presupuestos Generales de nuestro país adolecen de una continua falta de ingresos al que contribuyen sobremanera tan cuantiosos robos, mientras los responsables de la vigilancia, supervisión y control del fraude fiscal se limitan, bien a aprobar amnistías o regularizaciones fiscales, o a poner paños calientes aseverando que se ponen manos a la obra, sin sentirse culpables por su ceguera, ni sentir vergüenza porque las grandes filtraciones se destapen por personas particulares o del mundo periodístico.
En España se sabe desde tiempo inmemorial que el fraude fiscal es, junto al fútbol, el mayor deporte nacional en el que actúan con desvergüenza gente destacada de la élite política, empresas, deporte y cultura que pueden cometerlo, claro; porque, es sabido que funcionarios, pensionistas, empleados de grandes empresas y, en general, los trabajadores por cuenta ajena, tienen controlado hasta el último euro que obtienen con su esfuerzo personal.
Saben los gobernantes también, que la deuda pública española ha alcanzado a lo largo de los últimos cuatro años un nivel intolerable porque son incapaces de controlar el elevado nivel de déficit público; saben que bastaría con reducir el fraude y la evasión fiscal a niveles similares a la media de la Unión Europea para lograr el equilibrio presupuestario que tanto exige Bruselas; saben que los cuerpos de inspección y gestión de Hacienda desarrollan un buen trabajo, pero que habrían de multiplicarse por tres sus efectivos y medios para poder atender a los muchos frentes que cada día se abren ante ellos; que deberían incidir más en las empresas y contribuyentes más poderosos, que deberían proceder contra los sectores que siendo un mal ejemplo social se escapan de la acción fiscal por el papanatismo de hallarse en el limbo de la legalidad -prostitución- o amparados por las mafias -drogas- y saben, por último, que por cada euro que se pague para mejorar la gestión tributaria se consigue multiplicarlo al menos por nueve en ingresos y no digamos cuánto mejoraría la moral fiscal, tan resentida cuando se amparan por activa o pasiva tales ilícitos.
Pero los años pasan y no se fortalecen los equipos de gestión tributaria. Y pasan los años y no se amplía el personal, ni se emprenden inversiones para modernizar y aumentar los medios en el sector judicial que impida los retrasos, que los delitos prescriban, o que los asuntos no se pudran en los juzgados durante más de diez años, lacerando la ejemplaridad e impidiendo la labor disidente para la comisión de delitos.
Los países de la Unión Europea, ante la vergüenza destapada por el llamado caso Falciani, acordaron en el 2012 una serie de medidas para acabar con los paraísos (vertederos) fiscales. Ocurre que después no se han materializado en la práctica. Ocurre que se han dejado engañar por la firma de acuerdos de intercambio de información y con ello los han desclasificado dándoles el privilegio de la acogida pese a su embustero arrepentimiento; porque cuando se les ha pedido información para proceder a comprobaciones sólo se han recibido negativas o excusas de impedimentos constitucionales, de garantías para sus depositantes -presuntos delincuentes-, o han exigido confirmaciones de los delitos cometidos, que como solo a los idiotas se les escapa, exigen de una previa comprobación para confirmarlos, la que ellos impiden.
Los grandes países que se indignaron y acordaron el «nunca más» no se han molestado siquiera en penalizar los incumplimientos, ni en romper relaciones comerciales y diplomáticas, ni en aislar a los que se apoderan cada día de un dinero ilícito poniéndolo a buen recaudo, impidiendo que los demás ciudadanos, y ejemplares contribuyentes, reciban mejores auxilios, prestaciones sanitarias, educacionales y sociales, de las que se les priva.
En la comisión de los incontables daños han contribuido, como siempre, los bancos. Esta investigación pone en evidencia que el Banco de Santander, y en menor medida el BBVA y el Banco de Sabadell, ayudaron a sus clientes a crear sociedades «offshore». Nadie desconoce tampoco que casi todas las empresas del Ibex tienen filiales en Paraísos fiscales, algo que al parecer no les preocupa a sus dirigentes, a sus accionistas, a sus clientes, y sin duda, a nuestros gobernantes.
Lo que se acaba de destapar no es más que una leve punta del iceberg. Se trata sólo de datos referentes a solo un país, y de un solo despacho de abogados (Mossac Fonseca), de modo que lo que se halla bajo la superficie, en el total de los estercoleros del mundo, es un iceberg de tal dimensión que puede hacer naufragar al Titanic de la economía capitalista. Y, como ocurrió entonces, son los pasajeros de primera clase los que han estado disfrutando de la travesía y bailando al son de la música; de ellos, pese a su desmadrada ambición, sólo unos pocos se hundirán, sin embargo, quienes a diario se ahogan y van muriendo en el naufragio por falta de auxilio son los pasajeros más humildes.
No menos paradójico resulta que después de la ayuda prestada por nuestro país a la banca, ahora el primer banco del mundo, el Banco Santander, notifique la supresión de 451 sucursales y la eliminación de 1200 puestos de trabajo; a la vez el otro coloso, el BBVA, adelanta que suprimirá en los próximos años tres de cada cuatro oficinas. Tales informaciones elevan la preocupación ante el principal problema de España que es la tasa de paro, porque el desempleo es una gangrena social causante del mayor sufrimiento para la población, y las cifras que presenta España siguen duplicando la media de la UE, algo alarmante.
El mundo civilizado debe cambiar y si no quieren los poderosos ser devorados por los hambrientos deberían permitirles que puedan comer en vez de sustraerles hasta los restos de sus banquetes.
